El 18 de diciembre de 2023, la Corte Constitucional de Ecuador notificó al juez Johnny Lituma sobre su decisión de anular la devolución de bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filanbanco. La Corte dictó que las propiedades que habían sido recuperadas por los Isaías, incluidos inmuebles y acciones de empresas, deben ser devueltas al Estado, ya que se violaron principios de seguridad jurídica.
En mayo de 2022, Lituma había resuelto que los bienes incautados en 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fuesen devueltos a los Isaías, al considerar que sus derechos habían sido vulnerados. La decisión fue confirmada en septiembre de ese mismo año por un tribunal de apelación, pero la Procuraduría General del Estado impugnó la sentencia presentando una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
La Corte estableció que las decisiones previas infringieron el derecho a la seguridad jurídica y distorsionaron el propósito de las acciones de protección. Como resultado, ordenó que los hermanos Isaías devuelvan las propiedades que habían recuperado y que el caso se archive. De esta forma, los bienes que ya habían sido devueltos deben ser restituidos al Estado ecuatoriano.
Los hermanos Isaías, por su parte, argumentaron que sus derechos fueron gravemente afectados por esta decisión y anunciaron que llevarán su reclamo a instancias internacionales, buscando una resolución favorable. Según los abogados de los exbanqueros, continuarán con su lucha legal en tribunales fuera del país, ya que consideran que las acciones en Ecuador no garantizan una resolución justa.
Uno de los aspectos clave de este caso es el fideicomiso que los Isaías crearon en Estados Unidos, mediante el cual transfirieron varios bienes, incluidos propiedades como viviendas y terrenos, así como acciones en empresas como Vicunha S.A. y en Ecudos, propietaria del ingenio azucarero La Troncal. Esta medida financiera fue parte de su estrategia para proteger su patrimonio de las acciones legales en Ecuador.
Mientras tanto, el 18 de diciembre, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) emitió un oficio dirigido a Lituma, solicitando que se levanten las medidas cautelares que fueron impuestas en mayo de 2022, lo que implica que los bienes transferidos al fideicomiso deberán ser devueltos al país. Esta orden se enmarca en el cumplimiento del debido proceso y en la garantía de seguridad jurídica establecida por la Constitución de Ecuador.
Este revés judicial se suma a una serie de decisiones que han marcado el prolongado conflicto entre el Estado ecuatoriano y los hermanos Isaías, quienes han estado involucrados en un largo proceso legal desde la crisis financiera que llevó a la quiebra de Filanbanco en 2008. La decisión de la Corte Constitucional reaviva el debate sobre la justicia y la seguridad jurídica en el país, mientras los Isaías buscan alternativas para recuperar lo que consideran sus bienes legítimos.
