El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha decidido archivar la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad Rojas contra el presidente Daniel Noboa Azín, la canciller Gabriela Sommerfeld, el exviceministro Esteban Torres y la exasesora Diana Jácome por presunta violencia política. La denuncia de Abad alegaba que estos funcionarios cometieron infracciones relacionadas con la violencia política y la limitación de sus derechos en el contexto electoral, pero el TCE consideró que no existió suficiente evidencia para justificar la acusación.
En el fallo emitido el 24 de diciembre, el tribunal destacó que, aunque las expresiones cuestionadas fueron dirigidas hacia una mujer, no se pudo comprobar que estas se produjeran en el marco de un proceso electoral o con el fin de menoscabar los derechos de la vicepresidenta. El tribunal también señaló que no era necesario evaluar si las expresiones contenían estereotipos de género. En consecuencia, el TCE archivó la denuncia sin imponer sanciones a los involucrados.
El mismo 27 de diciembre, el TCE llevará a cabo una audiencia en la que se presentarán las pruebas de cargo y descargo en el caso de la denuncia presentada por Diana Jácome contra Verónica Abad por violencia política de género. Este juicio ocurre en un contexto complicado, ya que ese mismo día Abad debe presentarse en Turquía por orden de Noboa, aunque su defensa asegura que se acogerá al plazo de 30 días establecido por la Ley Orgánica de Servicio Exterior para funcionarios diplomáticos.
La denuncia de Abad acusaba a Noboa de socavar su participación política como mujer, a Sommerfeld de señalarla como «no agradecida» por su nombramiento como embajadora, a Torres de manifestar que sería «nefasto» para el país si Abad asumía el poder, y a Jácome de acusarla de mantener reuniones secretas con grupos políticos. La vicepresidenta solicitaba que se sancionara a estos funcionarios con una multa y la suspensión de sus derechos políticos.
Por otro lado, la denuncia de Diana Jácome contra Abad también ha ganado relevancia. Jácome, quien es exasesora del gobierno y candidata a asambleísta por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), acusa a la vicepresidenta de violencia política de género. El tribunal convocó una audiencia el 27 de diciembre para escuchar las pruebas de ambas partes y determinar el curso del caso.
Además, otro proceso legal sigue pendiente. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Guarderas, presentó una denuncia por precampaña o campaña electoral anticipada contra Abad. La jueza del TCE, Ivonne Coloma, ya resolvió imponer una multa de 8.500 dólares a Abad por esta falta, aunque tanto la vicepresidenta como Guarderas apelaron, lo que llevará a que el pleno del TCE emita una decisión final.
Este cúmulo de acusaciones legales se da en un contexto de tensiones políticas y personales, con Verónica Abad enfrentando varios frentes judiciales mientras trata de cumplir con las tareas que le encomienda el presidente Noboa. El 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera acogió una acción de protección presentada por Abad, anulando una suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo, lo que permitió que la vicepresidenta retomara sus funciones. Sin embargo, a pesar de su regreso oficial a la Vicepresidencia, Abad se encontró con el edificio cerrado y custodiado, lo que impidió su ingreso.
El 27 de diciembre, además de la audiencia por violencia política, se espera que la vicepresidenta cumpla con la orden de trasladarse a Turquía, aunque su defensa argumenta que tiene derecho a acogerse al plazo de 30 días para completar el traslado.
