La jueza de la Unidad Judicial de la Niñez de Quito, Nubia Vera Cedeño, reveló el 26 de diciembre de 2024, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, haber sido amenazada con “destruirle la vida” si concedía la acción de protección solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad. Esta acción buscaba anular la suspensión de 150 días que el Ministerio del Trabajo impuso a Abad, quien enfrenta una crisis política por su ejercicio en el cargo.
Vera relató con voz temblorosa y visiblemente afectada que las amenazas comenzaron cuando se inició el proceso judicial relacionado con la acción de protección de Abad. Según la magistrada, el 17 de diciembre, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y Henry Gaibor, director provincial, llegaron a su oficina exigiéndole que dictara una sentencia en contra de la vicepresidenta. En su encuentro, le entregaron un dispositivo electrónico que contenía un documento de cuatro páginas en el que se rechazaba la solicitud de Abad. Además, los funcionarios le advirtieron que su vida personal y profesional sufriría graves consecuencias si no fallaba a favor de la posición oficial.
Las amenazas fueron explícitas, mencionando incluso que si Vera no negaba el recurso, la vida laboral de la jueza quedaría seriamente comprometida, sin posibilidad de recibir su salario, ya que supuestamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) no otorgaría una asignación de $11,000 millones al país. “Me dijeron que me iban a destruir la vida, que me iban a acabar la vida”, expresó Vera, visiblemente angustiada, y añadió que temía por su seguridad personal.
El 23 de diciembre, Vera aceptó la acción de protección de Abad, alegando que se vulneraron sus derechos constitucionales, y levantó la sanción que suspendía a la vicepresidenta de su cargo. A pesar de la presión, la jueza decidió mantener su independencia y tomar la decisión legalmente correcta.
La denuncia de Vera sobre las amenazas se hace en un contexto tenso dentro del sistema judicial, con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en el centro de la controversia. Durante la comparecencia de Vera, Godoy no asistió, pues enfrenta investigaciones penales y una querella. En su intervención, el asambleísta Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, lamentó la ausencia del presidente del CNE y manifestó su apoyo a la jueza.
Por su parte, Vera aclaró que no recibió amenazas del presidente de la República, Daniel Noboa, pero sí de Mario Godoy, lo que pone de relieve un serio cuestionamiento sobre la independencia del sistema judicial en Ecuador.
Este caso de presión sobre una jueza es un reflejo de la creciente tensión política y judicial en el país, con serias implicaciones para el estado de derecho y la transparencia de las instituciones judiciales. La situación de Vera pone en evidencia los desafíos que enfrentan los jueces en el ejercicio de su función ante la creciente influencia de actores políticos y las presiones externas que pueden alterar el curso de la justicia.
