El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno recibieron una sentencia agravada de nueve años y cuatro meses de prisión por obstrucción de la justicia. La resolución fue emitida el pasado 23 de diciembre y representa una etapa inicial en el proceso, ya que sus defensas planean apelar tan pronto reciban la sentencia escrita, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo con los artículos 653 y 654 del COIP, el recurso de apelación puede ser presentado dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia. Una vez admitido, el expediente será remitido a la Sala correspondiente para la audiencia de fundamentación, la cual debe realizarse en un plazo de cinco días.
Barreno, en declaraciones posteriores al fallo, expresó su rechazo a lo que considera “persecuciones selectivas” en la Corte Nacional de Justicia. Según la exvocal, las sentencias parecen “concertadas con la Fiscalía” y basadas en testimonios de colaboradores que buscan beneficios judiciales.
Junto a Terán y Barreno, otros siete exfuncionarios del CJ también fueron condenados. Entre ellos, seis recibieron penas de cuatro años y seis meses, mientras que el exasesor Santiago C. obtuvo una pena reducida de 18 meses por colaborar con información clave. Únicamente dos exservidores, Andrés J. y Katherine L., fueron sobreseídos y ratificados como inocentes.
El caso, según el fiscal general subrogante Wilson Toainga, se basa en pruebas documentales y testimoniales que demuestran cómo los implicados intentaron interferir en la independencia judicial mediante acciones como suspensiones y destituciones ilegales. La víctima directa del delito, el exjuez nacional Walter Macías, asegura que la red buscaba sacarlo del caso Vocales, donde investigaba tráfico de influencias.
El delito de obstrucción de la justicia, incluido en las reformas al COIP de 2021, establece penas de cinco a siete años de prisión. Sin embargo, las agravantes, como la participación de varias personas y el ensañamiento, permitieron imponer penas más severas en este caso.
Una de las críticas recurrentes en este tipo de procesos es la demora en la emisión de sentencias escritas. En casos complejos como Metástasis, que involucra a 20 procesados y más de 800 cuerpos de expediente, la resolución escrita puede tardar semanas o incluso meses.
Macías destacó que este caso pone en evidencia prácticas sistemáticas de manipulación judicial en el CJ, utilizadas para controlar procesos y beneficiar a determinados actores. También subrayó la importancia de garantizar la independencia judicial como pilar fundamental del estado de derecho en Ecuador.
