El ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno, fueron sentenciados este lunes 23 de diciembre de 2024 por el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a nueve años y cuatro meses de prisión por obstrucción a la justicia. Además, siete procesados más fueron sentenciados como cómplices, con penas que varían entre los 18 meses y los cuatro años y medio de cárcel.
Este fallo forma parte del caso denominado «Independencia Judicial», donde se investigaron las acciones de varios funcionarios que intentaron interferir en el trabajo judicial. Terán y Barreno recibieron la pena más alta por ser considerados autores directos de los delitos, mientras que los demás involucrados fueron sentenciados con penas menores. El Tribunal también exoneró a Katherine L. y Andrés J., quienes fueron declarados inocentes.
El proceso judicial contra Terán es el segundo que enfrenta en menos de dos meses, ya que el pasado 25 de noviembre fue condenado en el caso «Metástasis» por delincuencia organizada. En este nuevo fallo, tanto Terán como Barreno deberán pagar una multa de 3.000 dólares, mientras que los cómplices deberán abonar 1.000 dólares, excepto Santiago C., quien deberá pagar 355 dólares. Además de las sanciones económicas, se les ordenó pedir disculpas a Walter Macías, víctima indirecta del caso, en presencia de un juez de garantías penitenciarias.
Una de las medidas simbólicas de la sentencia fue la orden de colocar una placa en el edificio de la Judicatura con la frase: «Sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el estado su razón de ser y la sociedad desconfía en el sistema de justicia», resaltando la importancia de preservar la independencia del poder judicial en el país.
En cuanto al contexto del caso, la Fiscalía acusó a Terán y Barreno como los responsables de orquestar un plan para obstaculizar el trabajo del exjuez Walter Macías, quien estaba al frente de una investigación sobre posibles actos irregulares en la Judicatura. Según las acusaciones, los sentenciados utilizaron su poder para intimidar y destituir a Macías, quien había iniciado una investigación en 2022 sobre los «Vocales», que implicaba a Barreno.
Durante el juicio, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó pruebas de que, entre mayo y agosto de 2023, varios vocales del Consejo de la Judicatura intentaron interferir en las funciones de Macías, con el objetivo de manipular sus decisiones judiciales. Toainga detalló cómo los procesados adoptaron medidas cautelares para sustituir a Macías, lo que finalmente llevó a su destitución en agosto de 2023.
A pesar de las pruebas presentadas, tanto Terán como Barreno rechazaron las acusaciones. Terán calificó el caso como un «show mediático» destinado a empañar su imagen, y Barreno sostuvo que era víctima de una «persecución sistemática» por parte de la fiscal general Diana Salazar desde 2021.
En cuanto a las solicitudes de la Fiscalía, Toainga pidió una condena de siete años de cárcel para Terán y Barreno, con agravantes por su rol en la obstrucción de la justicia. Para los cómplices, solicitó penas más leves, de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este caso pone en evidencia la creciente preocupación sobre la independencia judicial en Ecuador, un tema que ha sido objeto de debate en los últimos años debido a las presiones y acusaciones de interferencia en el sistema judicial por parte de altos funcionarios del gobierno.
