En el marco del juicio por obstrucción de la justicia conocido como el caso Independencia Judicial, la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno, ha declarado ser víctima de una «persecución sistemática» orquestada por la fiscal general Diana Salazar. Barreno, quien enfrenta cargos junto a diez personas más, defendió su postura durante su intervención en la audiencia, asegurando que la causa de este proceso penal no tiene que ver con la recusación dentro de otro proceso judicial, ni con su postura de abstención en sesiones donde se adoptaron decisiones de suspensión y destitución del exmagistrado Walter Macías. En cambio, la exvocal sostuvo que el motivo detrás de las acusaciones es una persecución iniciada en 2021 por parte de la fiscal.
El caso, que ingresó en su séptimo día de diligencias el 11 de diciembre, está siendo juzgado por los conjueces Olavo Hernández, Hernán Barros y Édison Cantos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura buscan demostrar que Barreno y los demás acusados interfirieron en el caso penal por tráfico de influencias denominado Vocales, mediante suspensiones y destituciones que impidieron que Macías actuara en el proceso.
En el caso Independencia Judicial, Barreno y el expresidente del CJ Wilman Terán son acusados de ser los autores principales de obstrucción de la justicia, mientras que los otros nueve exfuncionarios del CJ son considerados cómplices. Durante su intervención, Barreno, acompañada de su abogado defensor Christopher Gallegos, recalcó que se mantuvo firme en sus decisiones y se negó a formar parte de una «estructura de poder devoradora» que, según ella, genera «zozobra» en el sistema judicial del país. La exvocal denunció que se normalizó la «instrumentalización de procesos penales» para atacar a quienes se consideran adversarios, respaldada por ciertos medios de comunicación, actores políticos y jueces presionados.
Barreno fue designada vocal principal del CJ en enero de 2019 y ejerció sus funciones hasta septiembre de 2023, cuando fue removida tras una decisión judicial dictada por el juez Walter Macías, quien además llamó a juicio a Barreno y otros exfuncionarios como el exvocal del CJ Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya.
En su defensa, Barreno enfatizó que siempre cumplió sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia, sin formar parte de ningún movimiento político o gobierno de turno. Reiteró que su independencia le permitió actuar sin presiones ni compromisos, lo que le permitió rechazar cualquier intento de injerencia en procesos judiciales de relevancia nacional.
El caso Vocales comenzó en junio de 2022, después de que un exasambleísta y un abogado presentaran una denuncia basada en la difusión de una grabación en la que Barreno y Morillo discutían detalles sobre una acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, para mantenerse en el cargo. La grabación revela que los involucrados se reunieron en un edificio privado en Quito, donde discutieron sobre un recurso que estaba siendo tratado por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En su testimonio ante la Corte, Barreno negó las acusaciones en su contra y aseguró que ninguno de sus asesores procesados, incluidos Milton A., Jéssica Ch., u Olga V., participó en la redacción del documento que suspendió a Macías.
