En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia que revela las graves violaciones a los derechos laborales cometidas por la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. La Corte determinó que la compañía operó un sistema de «servidumbre de la gleba» en sus haciendas hasta 2019, un modelo de trabajo que se asemeja a la esclavitud, afectando a miles de trabajadores, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Según la Corte, los trabajadores en las plantaciones de abacá de Furukawa vivieron en condiciones extremas, sin acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, electricidad, atención médica, y educación. Estos empleados, que vivían en campamentos precarios dentro de las haciendas, estaban obligados a cultivar abacá para la empresa bajo condiciones laborales inhumanas, sin posibilidades de mejorar su situación a lo largo de generaciones. La Corte subrayó que esta práctica violaba de manera sistemática la prohibición de la esclavitud, atentando contra la dignidad de los trabajadores.
Como parte de la reparación a las víctimas, la Corte ordenó que Furukawa pagara compensaciones tanto materiales como inmateriales a las 342 personas afectadas por este régimen de explotación. Además, la empresa deberá llevar a cabo un acto público en el que se reconozca su responsabilidad y se ofrezcan disculpas a los afectados. Este fallo subraya la necesidad de que las empresas asuman la responsabilidad por las condiciones laborales que permiten la explotación de trabajadores vulnerables.
El fallo también criticó la inacción de las autoridades públicas, como los Ministerios del Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, que no intervinieron a tiempo, pese a que la situación de los trabajadores de Furukawa era de conocimiento público desde 2018. Tras las denuncias realizadas por los trabajadores, las medidas adoptadas por las instituciones competentes fueron consideradas insuficientes para prevenir y remediar estas prácticas.
Además de las compensaciones económicas, la Corte dispuso que se creara una política pública interinstitucional que abordara las causas estructurales que permitieron la servidumbre de la gleba. También ordenó reformas legales para evitar la impunidad de las empresas y eliminar prácticas laborales similares. Como parte de la reparación integral, se deberá producir un documental y otros productos artísticos para recordar los abusos sufridos por los trabajadores de Furukawa. Además, se declaró un día de conmemoración para honrar a las víctimas.
El fallo fue aprobado por mayoría en la Corte Constitucional, aunque hubo votos salvados de los jueces Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez. Las juezas Carmen Corral Ponce y Alejandra Cárdenas Reyes se excusaron de participar en la decisión.
