El Gobierno de Ecuador ha defendido enérgicamente la reforma constitucional propuesta por el presidente Daniel Noboa, que busca permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. La iniciativa, que ha sido presentada ante la Comisión Ocasional presidida por Gissela Garzón, tiene como objetivo fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, flagelos que han intensificado la crisis de seguridad que afecta a la nación.
La reforma ha generado un intenso debate en el país, pero las autoridades gubernamentales han reiterado que la propuesta no implica una cesión de soberanía. Según el secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, la instalación de bases militares extranjeras solo ocurrirá tras una serie de procedimientos, que incluyen la firma de tratados internacionales, el control constitucional y la revisión de los acuerdos por parte de la Asamblea Nacional. Además, Andino explicó que la reforma no alteraría el artículo 416 de la Constitución, que prohíbe la imposición de bases extranjeras sin consenso previo entre los Estados involucrados.
La canciller Gabriela Sommerfeld defendió la reforma como una herramienta necesaria para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. En su intervención, Sommerfeld subrayó que la cooperación internacional, incluida la cooperación militar, es esencial para combatir el narcotráfico y otros crímenes que cruzan fronteras. Según la funcionaria, la reforma permitiría que Ecuador reciba apoyo internacional sin perder sus prerrogativas soberanas, asegurando que el país tiene control total sobre las bases militares que se podrían establecer.
Además, la canciller recordó que el acuerdo firmado con Estados Unidos en 1999, que permitió el uso de la base aérea de Manta para operaciones antinarcóticos, no otorgó una base militar estadounidense en el país, sino que facilitó el acceso a instalaciones ecuatorianas para operaciones de monitoreo aéreo. Este acuerdo, explicó Sommerfeld, se basaba en la cooperación mutua en la lucha contra el narcotráfico, sin comprometer la soberanía nacional.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó que la reforma es clave para restaurar la seguridad en el país. Loffredo subrayó que la crisis de seguridad, exacerbada por el narcotráfico, requiere toda la ayuda internacional posible. También hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apruebe la reforma, ya que, según su opinión, la cooperación militar es fundamental para enfrentar los retos que enfrenta la fuerza pública en Ecuador.
El comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, se unió al llamado de colaboración internacional, señalando que Ecuador, aunque no es productor de cocaína, es el segundo país que más droga incauta en América Latina. En 2023, se incautaron 221 toneladas de drogas, un logro que, según Zárate, está directamente relacionado con el aumento de homicidios en el país. La cooperación con países extranjeros, dijo Zárate, permitiría a la Policía Nacional acceder a tecnologías, recursos y capacitación necesarios para continuar combatiendo el narcotráfico y la violencia asociada a este.
Durante la sesión, Zárate también respondió a una pregunta de la legisladora Sofía Sánchez sobre los cultivos de coca en Ecuador. El comandante aclaró que, según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, no existen 2,000 hectáreas de coca, como se había afirmado anteriormente, sino solo siete hectáreas en una zona verificada por el Ejército.
El debate sobre la reforma constitucional continúa, y, aunque aún se deben cumplir varios procedimientos legales, el Gobierno ecuatoriano insiste en que la propuesta es una medida necesaria para fortalecer la seguridad del país y hacer frente a los desafíos globales en materia de narcotráfico y crimen organizado. La reforma no solo establece un marco para la cooperación internacional, sino que también garantiza que las decisiones sobre bases militares extranjeras estarán sujetas a un exhaustivo control constitucional y político.
