En medio de un tenso enfrentamiento entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, el proyecto de ley urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos sigue siendo un tema de debate crucial en Ecuador. Aunque el oficialismo asegura que la batalla aún no está perdida, la oposición defiende que la Asamblea ya se ha pronunciado y ha decidido archivar la propuesta. El Gobierno, por su parte, explora opciones legales para insistir en la promulgación de la ley.
El pasado 27 de noviembre, la Asamblea Nacional rechazó el proyecto del Ejecutivo con 84 votos a favor de su archivo. Este proyecto, que fue presentado por el presidente Daniel Noboa el 8 de noviembre de 2024, tiene como objetivo fortalecer el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, además de mejorar la recaudación fiscal en el país. No obstante, los sectores opositores argumentan que el proyecto contiene elementos controversiales, como la inclusión de un nuevo impuesto a la compra de vehículos usados de alto valor, lo que motivó el rechazo de varios legisladores.
¿Por qué el proyecto fue rechazado por la Asamblea?
El rechazo a la ley urgente fue liderado por las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), Construye, Pachakutik e independientes, que lograron reunir 84 votos en la sesión legislativa número 985. El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, explicó que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre un proyecto de ley, ya sea aceptándolo, proponiendo cambios o archivándolo. En este caso, la decisión fue archivar el proyecto.
Además, la ley no fue aprobada en el primer debate, lo que generó una fuerte respuesta del Ejecutivo. Desde el Gobierno, se insiste en que no se puede archivar un proyecto urgente en primer debate y que se están evaluando acciones jurídicas para que el documento pueda ser enviado al Registro Oficial, tal como establece el procedimiento constitucional. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha defendido la importancia de la ley como una herramienta para combatir el lavado de activos y mejorar el sistema de recaudación en el país, subrayando que no basta con penas privativas de libertad altas.
El papel del impuesto sobre vehículos usados de lujo en el rechazo
Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue la inclusión de un impuesto sobre la compraventa de vehículos usados que superen los 50 mil dólares. Este «impuesto pelucón», como lo denominó el oficialismo, fue percibido como un obstáculo por muchos legisladores, especialmente en sectores de la oposición que consideraron que podría afectar a ciertos grupos económicos.
Adrián Castro, legislador de ADN, defendió la propuesta, asegurando que el rechazo de la ley tiene que ver principalmente con este impuesto, que fue incluido como una medida para cerrar brechas por donde circula el dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas. La ley también apuntaba a regular sectores como los patios de vehículos usados y algunos clubes deportivos, que, según el Gobierno, facilitan el lavado de activos.
El futuro del proyecto: Posibles caminos legales del Gobierno
Pese al rechazo de la Asamblea, el oficialismo sostiene que la batalla no está perdida. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, y otros miembros del Gobierno, insisten en que la ley debe ser implementada para fortalecer el sistema de control del lavado de activos. Según la Constitución, el Ejecutivo tiene el derecho de enviar leyes urgentes, pero la Asamblea tiene la facultad de aprobarlas, modificarlas o archivarlas. El Gobierno se enfrenta ahora al reto de encontrar vías legales para hacer valer su propuesta.
Por su parte, la Asamblea defiende su decisión. Carmen Tiupul, de Pachakutik, señaló que no se puede aprobar una ley que ha sido negada y archivada en primer debate. De acuerdo con la legisladora, el Ejecutivo tiene la potestad de enviar leyes, pero la Asamblea también tiene la facultad de rechazarlas, como ocurrió con este proyecto.
Rafael Dávila, de la bancada Avanza-SUMA, fue más contundente al afirmar que si el Gobierno insiste en enviar la ley al Registro Oficial, a pesar del rechazo de la Asamblea, se trataría de un «golpe de Estado» que vulneraría la Constitución. En su opinión, el proyecto no tiene unidad de materia, lo cual es contrario a la Carta Magna, que establece que las leyes deben estar claramente relacionadas con su contenido principal.
Impacto político de la ley de lavado de activos
Este conflicto sobre la ley urgente no solo pone en evidencia la división entre el Ejecutivo y la Asamblea, sino que también refleja la lucha por el control del marco normativo en torno a la economía ecuatoriana. La ley tiene implicaciones profundas en la regulación del sector privado y en la mejora de los mecanismos fiscales para luchar contra el crimen organizado, pero también toca intereses de sectores específicos, lo que ha generado oposición dentro de la misma Asamblea.
El debate sobre la ley continuará en los próximos días, ya que el Ejecutivo evalúa sus opciones legales para insistir en la aprobación del proyecto. Mientras tanto, la Asamblea mantiene su postura de que la ley debe ser rechazada por no cumplir con los requisitos constitucionales y ser, en su opinión, inconveniente para el país.
