El 21 de noviembre de 2024, una jornada de protestas contra la administración de Daniel Noboa culminó en caos vehicular, alteraciones en la movilidad y un fuerte despliegue de seguridad. Sindicatos, estudiantes y ciudadanos descontentos se manifestaron en Quito, pidiendo soluciones a problemas como la crisis energética, la inseguridad y la falta de inversiones en sectores clave como la educación y la salud. Sin embargo, la movilización fue severamente limitada por la lluvia y las estrictas medidas de seguridad implementadas por el gobierno.
La protesta, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y otros colectivos, comenzó a las 16:00 en la Caja del Seguro Social, pero la lluvia dispersó rápidamente a los asistentes. A pesar de esto, algunos continuaron con la marcha hacia el centro histórico, con la esperanza de llegar al Palacio de Carondelet. Sin embargo, el gobierno, en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instauró un cerco de seguridad que bloqueó todos los accesos al corazón de Quito.
El centro histórico de la capital fue transformado en una especie de fortaleza con barreras de seguridad, mientras los manifestantes intentaban llegar hasta la Plaza Grande. Las fuerzas del orden cercaron las principales arterias, evitando el paso de vehículos y personas, mientras que aquellos que intentaban ingresar al área debían rodear las calles aledañas. Los manifestantes, encabezados por el presidente del FUT, José Villavicencio, llegaron hasta el Banco Central, donde encontraron un fuerte contingente policial, compuesto por escuadrones antimotines y vallas metálicas.
La tensión aumentó cuando algunos manifestantes lanzaron piedras a los policías, lo que provocó una respuesta agresiva por parte de las fuerzas de seguridad. En medio de la confrontación, tres agentes resultaron heridos y la policía logró dispersar a los manifestantes utilizando vehículos motorizados y, en algunos casos, amenazas de bombas lacrimógenas. La protesta se disolvió alrededor de las 18:00, cuando los manifestantes comenzaron a retirarse, rodeados por las fuerzas del orden.
La jornada también afectó gravemente la movilidad en la ciudad. Los residentes que regresaban de sus trabajos se encontraron con el centro de Quito completamente cerrado, sin acceso a transporte público. Las estaciones de Trolebús y Metro permanecieron cerradas, y los pasajeros tuvieron que buscar vías alternas, lo que causó grandes atascos en calles como la Avenida 12 de Octubre y la Occidental. Los buses y vehículos privados se vieron atrapados en largas filas, mientras que las estaciones del metro como la Alameda y El Ejido estaban abarrotadas de personas esperando que se reabrieran las puertas.
La Policía Nacional reportó la detención de diez personas y tres policías heridos. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para descalificar la protesta, insinuando que algunos organizadores estaban financiando las movilizaciones con dinero de origen ilícito. Este comentario fue en referencia a la incautación de $2 millones por parte de las autoridades aduaneras, quienes detuvieron a dos personas en el aeropuerto de Quito que intentaban ingresar estos fondos sin justificación.
El presidente también sugirió que los organizadores de las protestas no habían recibido el pago correspondiente por sus acciones. A través de un video publicado en sus redes, Noboa instó a los manifestantes a «normalizar» la situación y acusó a los organizadores de estar involucrados en actividades ilícitas. Esta postura aumentó la tensión entre el gobierno y los movimientos sociales, que ya habían criticado la gestión de Noboa en temas clave como la energía, la seguridad y el empleo.
Por su parte, el FUT y otras organizaciones sindicales no descartan la posibilidad de organizar nuevas protestas. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a una reunión para el 22 de noviembre, en la que se definirán posibles medidas de presión contra el gobierno, mientras su líder, Leonidas Iza, sigue sumando apoyo para sus futuras iniciativas políticas.
