La Fiscalía General del Estado ha dictado un auto de llamamiento a juicio contra Paúl Alejandro C. Y., un hombre acusado de vender terrenos que no eran de su propiedad, causando un perjuicio económico de 28.900 dólares a su víctima. Según la denuncia presentada, el acusado, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de una agencia inmobiliaria, ofreció y vendió seis lotes de terreno ubicados en el barrio Ubanchi, en Riobamba, sin ser estos de su propiedad.
La denuncia y pruebas presentadas por la Fiscalía
La Fiscalía inició su investigación después de recibir la denuncia de una ciudadana que aseguró haber sido estafada por Paúl Alejandro C. Y.. La víctima, quien pagó el monto mencionado en efectivo, explicó que entre los años 2020 y 2021, realizó los pagos directamente en las oficinas de la inmobiliaria dirigida por el procesado. Sin embargo, los terrenos nunca fueron entregados, y el acuerdo nunca se cumplió.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal encargada del caso sustentó el dictamen acusatorio y presentó una serie de pruebas que incluyeron documentos clave como el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el certificado de datos de identificación, el informe de movimientos bancarios de la víctima, así como la denuncia formal. Estas pruebas fueron suficientes para que un juez de Garantías Penales aprobara el llamamiento a juicio.
El acusado y su situación legal
Paúl Alejandro C. Y. fue inicialmente beneficiado con medidas alternativas a la prisión preventiva, que incluían la presentación periódica ante la Fiscalía y la prohibición de salir del país. Sin embargo, al no cumplir con estas obligaciones, se emitió una orden de captura en su contra. El acusado será procesado por el presunto delito de estafa, tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de privación de libertad de entre cinco y siete años.
Repercusiones del delito de estafa y las pruebas presentadas
La acusación de estafa contra Paúl Alejandro C. Y. ha puesto de relieve la gravedad de este tipo de delitos, que afectan directamente a las personas y pueden dejarles una pérdida económica significativa. En este caso, la víctima fue engañada por la falsa promesa de adquirir terrenos, situación que no solo generó un perjuicio financiero, sino también una profunda desconfianza en las prácticas comerciales en el sector inmobiliario.
La Fiscalía ha afirmado que continuará con el proceso judicial para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de las personas afectadas por delitos como este. En este contexto, se resalta la importancia de contar con mecanismos de verificación y seguimiento en transacciones comerciales, especialmente en sectores tan delicados como el de bienes raíces.
