Asamblea Nacional avoca conocimiento del juicio político contra la ministra Ivonne Núñez
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional revisó este 18 de noviembre de 2024 la solicitud de juicio político contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. La funcionaria está acusada de arrogación de funciones tras el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.
El pedido fue presentado por la asambleísta Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana (RC), y contó con el respaldo de 43 legisladores, superando las 35 firmas requeridas por el artículo 131 de la Constitución. Entre las causales señaladas están el presunto incumplimiento de funciones, violaciones al debido proceso, discriminación, violencia de género y la inobservancia de tratados internacionales de derechos humanos.
Proponentes y contexto político
Aunque Noriega encabeza el proceso, se prevé que asambleístas de distintas bancadas, como Mariana Yumbay (Pachakutik), Carla Cruz (PSC) y Cristina Chávez (independiente), participen como ponentes. Este juicio surge tras una resolución legislativa que condenó el procedimiento administrativo contra Abad y exigió explicaciones a Núñez sobre el caso.
No obstante, debido al limitado tiempo restante en el actual período legislativo, es probable que el caso sea tratado por la próxima Asamblea Nacional, cuyos integrantes serán elegidos en los comicios del 9 de febrero de 2025.
Otros juicios en trámite
El CAL también revisó un pedido de juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, acusado de incumplimiento de funciones. Esta solicitud fue presentada por el asambleísta Xavier Jurado.
En ambos casos, el CAL solicitó a la Unidad Técnica Legislativa la elaboración de informes técnico-jurídicos no vinculantes sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Estos documentos deberán estar listos en un plazo máximo de tres días desde la notificación.
Con este proceso, el Legislativo reafirma su rol fiscalizador, destacando el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
