El Gobierno de Ecuador presentó un proyecto de ley urgente para implementar un nuevo impuesto sobre la transferencia de vehículos motorizados usados, afectando potencialmente a unas 300.000 personas, según estimaciones de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae). Esta medida, planteada como parte de un esfuerzo por mejorar la recaudación fiscal y combatir el lavado de activos, podría generar entre 60 y 80 millones de dólares anuales, aunque se enfrenta a diversas críticas por parte del sector.
Detalles del Proyecto de Ley: Impuesto a la Transferencia de Vehículos Usados
El proyecto, conocido como Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria y el Combate al Lavado de Activos, fue inicialmente presentado a la Asamblea Nacional el 7 de noviembre de 2024. La propuesta original incluía un impuesto sobre los vehículos destinados al transporte terrestre, con tasas progresivas que iban del 0,30% al 10%, dependiendo del tipo de vehículo.
Sin embargo, al día siguiente, el gobierno retiró esta versión y presentó una nueva propuesta, que establece un impuesto a la transferencia de vehículos usados. Según este nuevo proyecto, el impuesto se aplicaría cuando se realice la transferencia de propiedad de un vehículo usado, y su base imponible estaría determinada por el precio de venta del vehículo. La normativa aclaró que las transferencias de vehículos nuevos quedarían exentas de este gravamen.
¿Cómo Afectaría Este Impuesto a los Compradores de Vehículos Usados?
De acuerdo con la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), este impuesto afectaría a alrededor de 300.000 personas, tomando en cuenta que por cada vehículo nuevo vendido se comercializan aproximadamente tres vehículos usados. En este sentido, se calcula que cerca de 300.000 transacciones de vehículos de segunda mano podrían verse gravadas por el nuevo impuesto.
David Molina, director ejecutivo de Cinae, ha señalado que este impuesto no es nuevo, ya que un impuesto similar ya existe, aunque en una escala mucho menor (1%). Molina expresó dudas sobre la efectividad de este gravamen para controlar el lavado de activos, sugiriendo que en lugar de aumentar el impuesto, el gobierno podría implementar controles más estrictos, como un registro de precios referenciales que se ajusten al valor de los vehículos en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Implicaciones Económicas y Reacción del Sector Automotriz
Según Molina, este impuesto podría generar entre 60 y 80 millones de dólares anuales, lo que cubriría parcialmente el costo de iniciativas como el programa Jóvenes en Acción, que requiere aproximadamente 95 millones de dólares para su financiamiento. Sin embargo, las autoridades del sector sostienen que el principal motor detrás de la compra de vehículos usados es la imposibilidad de adquirir un vehículo nuevo, lo que afecta principalmente a las personas con menos recursos.
La Cinae propone en su lugar una reclasificación de los vehículos híbridos para obtener más recaudación sin aumentar impuestos, sugiriendo que los microhíbridos —vehículos que no operan exclusivamente con motor eléctrico— sean clasificados como vehículos a combustión interna. Esta medida permitiría una mayor recaudación sin afectar a los compradores de vehículos usados.
Lo que Se Viene: Plazos y Proceso Legislativo
El proyecto de ley tiene carácter urgente, lo que implica que la Asamblea Nacional de Ecuador tiene un plazo de 30 días para aprobar la normativa. Si no se alcanza un acuerdo dentro de este tiempo, el proyecto entrará en vigencia por ministerio de la ley. Este escenario ha generado preocupación en varios sectores que temen que la medida afecte negativamente la economía de un sector que ya enfrenta dificultades debido a la crisis económica, la falta de financiamiento y la baja demanda de vehículos nuevos.
El Futuro del Impuesto y las Perspectivas del Mercado Automotriz
La creación de este impuesto refleja el creciente interés del gobierno en fortalecer su capacidad recaudatoria, al mismo tiempo que busca combatir prácticas ilegales como el lavado de activos. Sin embargo, expertos del sector automotriz insisten en que, lejos de promover la formalización del mercado de vehículos, el impuesto podría agravar las dificultades del sector y perjudicar a los consumidores más vulnerables, aquellos que dependen de vehículos usados debido a su capacidad económica.
Con la incertidumbre sobre la implementación de esta normativa, las próximas semanas serán cruciales para determinar el impacto real de la ley en el mercado automotriz ecuatoriano.
