Ecuador ha registrado una importante disminución en las muertes violentas en varias de sus provincias. Entre enero y septiembre de 2024, la Zona 5 (que comprende Guayas, excluyendo Guayaquil, Durán y Samborondón; Santa Elena y Galápagos) reportó una reducción del 27% en los homicidios, según las autoridades locales. Esta disminución se ha vinculado a los operativos de seguridad implementados en el contexto del estado de excepción, decretado en las dos primeras provincias desde octubre de 2024, con el objetivo de controlar el aumento de la violencia y el crimen organizado.
El estado de excepción, que fue extendido también a otras provincias como Manabí, Los Ríos, El Oro, Orellana, y el Distrito Metropolitano de Quito, busca frenar la violencia que afecta a diversas regiones del país. No obstante, mientras algunas zonas han experimentado una mejora en los índices de criminalidad, los expertos advierten que estos resultados podrían ser temporales, a menos que se acompañen de políticas públicas más profundas y sostenibles en materia de seguridad.
Operativos de seguridad y su impacto
Desde que se decretó el estado de excepción en octubre, las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia en los territorios más afectados por la violencia. Policías y militares han realizado operativos de control, patrullajes y requisas en barrios y calles de alto riesgo. La presencia de efectivos militares y policiales en los cantones más violentos ha sido clave para la reducción de homicidios, según las autoridades.
El coronel Ortiz, responsable de la Zona 5, destacó que el descenso de los crímenes violentos se debe, en parte, a estos esfuerzos. Sin embargo, también reconoció que los cantones de Naranjal, Daule y Playas siguen siendo los más problemáticos en cuanto a delincuencia y violencia. Entre enero y septiembre de 2024, Naranjal reportó 116 muertes violentas; Daule, 59; y Playas, 30, según las cifras del Ministerio del Interior.
La violencia sigue latente en zonas clave
A pesar de la reducción de homicidios a nivel general en la Zona 5, la violencia persiste en algunas áreas. La semana pasada, la parroquia de La Aurora, en Daule, fue escenario de dos asesinatos. El 5 de noviembre, Jimmy Ruiz, abogado y asesor del vocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Augusto Verduga, fue asesinado en esa misma zona. Dos días después, otro homicidio ocurrió en el mismo sector.
Ante estos hechos, los residentes de La Aurora pidieron a las autoridades locales un mayor patrullaje policial y un incremento en el número de efectivos asignados a la parroquia. «Lastimosamente, nos estamos acostumbrando a vivir así», comentó un vecino de la zona, evidenciando la creciente preocupación de la ciudadanía ante la persistente inseguridad.
¿Pacificación entre bandas o simple efecto de operativos?
Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la reducción en las muertes violentas en la Zona 5 puede explicarse en parte por los controles realizados por la policía y el ejército. Sin embargo, advierte que esta disminución podría ser temporal si no se implementan políticas públicas más amplias en seguridad. Según Rivera, los operativos de seguridad también pueden generar un “efecto globo”, desplazando la violencia hacia otros sectores con una fuerte presencia de grupos criminales, como narcotraficantes y bandas organizadas.
En particular, Daule y Naranjal han sido identificados como puntos de alta concentración de homicidios, debido a su cercanía con rutas de narcotráfico y el flujo de cocaína hacia mercados internacionales. Playas, por su parte, está vinculada a la violencia asociada con el puerto de Posorja, un punto clave para la salida de drogas hacia el exterior.
Rivera también señala que parte de la disminución de los homicidios en algunas áreas podría ser consecuencia de procesos de pacificación dentro de las propias bandas criminales. Como ejemplo, menciona los acuerdos alcanzados en 2023 entre las organizaciones Tiguerones y Choneros, que resultaron en una significativa reducción de la violencia, especialmente en Esmeraldas y Nueva Prosperina (Guayaquil).
Desafíos a largo plazo y la necesidad de más acciones
El director del OECO subraya que, aunque los operativos de seguridad y las alianzas entre bandas puedan ofrecer una reducción temporal de los homicidios, la verdadera solución pasa por una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia, como la pobreza, el narcotráfico y la inequidad social. Mientras tanto, el gobierno continuará implementando medidas de emergencia, como el toque de queda en varias localidades de la Zona 5 y otras provincias afectadas, en un intento por controlar el crimen y restaurar la paz.
El estado de excepción, que ha afectado a 20 localidades con restricciones de movilidad de 22:00 a 05:00, es una de las medidas más visibles que el gobierno ha tomado para hacer frente a la creciente violencia en el país. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que la pacificación definitiva solo será posible si se adopta un enfoque más amplio y duradero para mejorar la seguridad en las comunidades afectadas.
