En un esfuerzo por aumentar los recursos del Estado en medio de la crisis económica, el presidente Daniel Noboa presentó el 7 de noviembre de 2024 el proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador, que incluye una reforma importante para las universidades privadas. Este proyecto, que se tramitará con carácter urgente en la Asamblea Nacional, propone que las universidades privadas que generen utilidades comiencen a pagar el impuesto a la renta, con una tarifa que variará entre el 1 % y el 2 % sobre sus ingresos brutos no exentos.
Reformas al Régimen Tributario para Universidades Privadas
El proyecto de ley propone la modificación del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente en lo relacionado con las exenciones fiscales. Hasta ahora, muchas universidades privadas han estado exentas del pago de impuestos debido a su carácter sin fines de lucro. Sin embargo, la nueva normativa aclara que las universidades privadas ya no serán beneficiarias de esta exención, ya que, según el Ejecutivo, muchas de estas instituciones han adoptado prácticas empresariales y operan como entidades con fines de lucro.
La reforma establece que las universidades privadas deberán pagar entre el 1 % y el 2 % sobre sus ingresos brutos no exentos. Si el presidente de la República no emite un decreto ejecutivo con los detalles sobre esta tarifa antes del 31 de diciembre de cada año, la tarifa será fijada automáticamente en el 1,5 %.
Crédito Tributario por Becas
Para mitigar el impacto de este nuevo impuesto, el proyecto también introduce un crédito tributario que permitirá a las universidades privadas compensar el monto del impuesto pagado con el valor de las becas adicionales que otorguen a estudiantes de colegios públicos o fiscomisionales. Este crédito tributario podrá aplicarse solo al monto de becas que exceda la obligatoriedad establecida por la normativa vigente.
Es importante señalar que el crédito tributario no podrá superar el monto del impuesto a la renta causado por la universidad, y las becas deberán ser adicionales a las que ya son requeridas por ley.
Motivación y Justificación del Gobierno
El Ejecutivo justifica esta reforma argumentando que, aunque las universidades privadas han sido consideradas tradicionalmente entidades sin fines de lucro y esenciales para el desarrollo social del país, la realidad económica ha cambiado. El Gobierno sostiene que muchas universidades privadas, especialmente las más grandes, han adoptado prácticas comerciales, tales como la creación de programas de posgrado de alto costo, el uso de estrategias de marketing agresivas y la generación de ingresos por patentes y propiedad intelectual.
Este cambio de enfoque hacia un modelo más empresarial ha llevado al Gobierno a considerar que las universidades privadas que generan beneficios financieros deberían contribuir con el pago de impuestos, de manera similar a otras empresas.
El Ejecutivo señala que muchas de las universidades que reciben exenciones fiscales poseen grandes patrimonios, pero esto no siempre se traduce en una mejora significativa en la calidad educativa ni en un aumento de las oportunidades de acceso para los estudiantes de bajos recursos. Si bien existen programas de becas, el sistema de educación superior tiende a ser más excluyente que inclusivo, ya que los altos costos de matrícula y los programas de posgrado suelen estar fuera del alcance de los estudiantes con menos recursos.
Objetivo: Reinvertir en la Educación Superior
Más allá de la creación de un nuevo impuesto, el Gobierno plantea que lo esencial de esta reforma es promover la reinversión de los recursos generados a través de este tributo en becas adicionales para los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de sectores menos favorecidos. La meta es garantizar que el sistema educativo de Ecuador sea más equitativo y brinde igualdad de oportunidades para que todos los jóvenes, sin importar su origen económico, puedan acceder a educación superior de calidad.
En este contexto, el proyecto de ley busca que las universidades privadas que obtengan utilidades puedan reinvertir esos beneficios en la formación de nuevos profesionales, favoreciendo especialmente a los estudiantes de sectores vulnerables y a aquellos que se gradúan de colegios públicos o fiscomisionales.
Impacto del Proyecto de Ley
Este proyecto de ley, que tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional, representa un cambio significativo en la manera en que las universidades privadas de Ecuador se relacionan con el sistema tributario. De ser aprobada, esta reforma marcaría un precedente en la forma en que se percibe la educación superior en el país, equilibrando la necesidad de una gestión empresarial eficiente con el compromiso social de las instituciones educativas.
Al introducir la posibilidad de compensar impuestos mediante becas y establecer tarifas escalonadas para el pago del impuesto a la renta, el Gobierno busca un enfoque equilibrado que permita a las universidades continuar con su labor educativa mientras contribuyen con el desarrollo económico del país.
