El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un veto total a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Cultura, que había sido aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 1 de octubre. Esta decisión se fundamenta en diversas preocupaciones, incluyendo el impacto fiscal que la implementación de la ley podría acarrear para el país.
En su veto, Noboa señala que el artículo 84 del proyecto, que sustituye el artículo 121, establece un Programa Nacional de Innovación en Cultura. Según el texto propuesto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio debería coordinar con diversas entidades públicas para crear un programa nacional que incluya financiamiento e incentivos fiscales para proyectos culturales innovadores. Noboa argumenta que esto podría resultar en una reducción significativa de los ingresos que financian el presupuesto general del Estado, afectando así la ejecución de planes y proyectos.
El presidente recuerda que, conforme al artículo 135 de la Constitución ecuatoriana, es facultad del Ejecutivo modificar, crear o eliminar tributos. Además, enfatiza que cualquier norma que genere una obligación financiada con recursos públicos debe especificar su fuente de financiamiento. “Cualquier norma que regule derechos o afecte el presupuesto nacional debe cumplir con los lineamientos constitucionales y la normativa vigente”, indica Noboa.
También se menciona que el veto incluye la observación de errores ortográficos presentes en el texto de la ley. El proceso de creación de esta reforma se inició en 2018 y ha sido objeto de discusión con diferentes actores del sector cultural, según el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Entre los cambios más relevantes que contenía la ley se encontraba la eliminación del artículo 111, que preveía un incremento gradual de la asignación del Banco de Desarrollo al Fondo de Cultura, pasando del 5 % al 25 %. Además, la reforma buscaba promover el diálogo intercultural y la libre circulación de productos y saberes culturales que enriquecen la identidad nacional.
La ministra de Cultura, Romina Muñoz Procel, había subrayado que la reforma representaba una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con la protección del patrimonio cultural y el fomento de la creatividad artística. Destacó que el apoyo a la cultura contribuye al bienestar social y la cohesión comunitaria, fortaleciendo así la identidad ecuatoriana.
Con las reformas propuestas, se pretendía ampliar las atribuciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, dándole la posibilidad de crear empresas públicas de manera autónoma y fortaleciendo sus núcleos provinciales. Además, se buscaba incluir a más actores y sectores artísticos en las líneas de fomento y facilitar la creación de programas patrimoniales a nivel municipal.
Otra de las disposiciones contemplaba que al menos el 60 % del gasto en espectáculos públicos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se destinara a artistas nacionales. Las orquestas sinfónicas de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, así como la Compañía Nacional de Danza, pasarían a depender directamente del Ministerio de Cultura.
La normativa vetada también proponía un régimen sancionatorio para infracciones patrimoniales y culturales, asegurando que los servidores públicos que atenten contra el patrimonio sean responsabilizados. Se mencionó que los permisos de filmación solo serían necesarios en caso de riesgo ambiental.
Asimismo, se contemplaba otorgar autonomía al Archivo Nacional y fortalecer su institucionalidad y la de sus sedes en el país, creando un Sistema Nacional de Archivos. En cuanto al Museo Nacional del Ecuador, la reforma había previsto que se convirtiera en un pilar en la gestión de museos, dotándose de autonomía administrativa y financiera. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo también se fortalecería como depósito legal del patrimonio bibliográfico nacional.
