La crisis energética que atraviesa Ecuador ha llevado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a analizar y proponer medidas de alivio económico para quienes han visto sus finanzas impactadas. Este lunes, 28 de octubre de 2024, el Legislativo recibió en comparecencia a representantes clave del sistema financiero nacional, incluyendo a funcionarios de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Durante la sesión, los legisladores solicitaron detalles sobre las acciones que cada entidad financiera ha implementado para apoyar a los ciudadanos que, debido a la crisis, no han podido cumplir con sus compromisos de pago. Antonieta Guadalupe Cabezas, superintendenta de Bancos subrogante, informó que ha solicitado a la Junta de Política y Regulación Financiera la emisión de una resolución que permita un diferimiento extraordinario de hasta 90 días para deudas de consumo, incluyendo pagos de tarjetas de crédito. Este diferimiento podría brindar un respiro a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos mensuales.
Por su parte, la superintendenta de Economía Popular y Solidaria mencionó que se han activado controles para que las cooperativas presenten sus respectivos planes de contingencia. Esta medida busca garantizar que las cooperativas, que manejan una porción importante del crédito popular, cuenten con estrategias de respaldo en esta crisis.
El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) también reportó avances en su apoyo financiero. La institución ha establecido dos fases para atender la emergencia: la primera consiste en identificar proyectos energéticos prioritarios y, la segunda, en gestionar líneas de crédito internacional. Según los detalles proporcionados, el BDE se encuentra en proceso de negociación con el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo para obtener financiamiento adicional.
En tanto, Bolívar Severino, gerente subrogante de la CFN, expuso las alternativas de crédito que ofrece la institución y las medidas destinadas a reestructurar las obligaciones de los clientes. Severino destacó la atención a las personas emprendedoras que, al no poseer garantías como terrenos o bienes, enfrentan obstáculos para acceder a créditos y restructuraciones, pese a su necesidad urgente de financiamiento.
A pesar de los esfuerzos, los miembros de la Comisión de Fiscalización insistieron en la necesidad de que las instituciones implementen medidas adicionales que generen un impacto directo en la ciudadanía. Por ello, recomendaron cuatro iniciativas para aliviar las cargas financieras de los ecuatorianos: suspender los procesos de cobro coactivo, reestructurar el costo de los créditos, ampliar los plazos de pago y detener el cobro de tasas de mora. Estas propuestas buscan que el sistema financiero apoye a los sectores más afectados hasta que se estabilicen las condiciones económicas.
