El Gobierno ecuatoriano anunció el 28 de octubre que asumirá el control del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) después de dar por terminado el contrato con OCP Ecuador S.A. Esta decisión se produce en un contexto de revisión de las solicitudes de prórroga presentadas por la empresa operadora. Según el Ministerio de Energía, la normativa vigente, que incluye la Ley de Hidrocarburos, no permite extensiones en este tipo de contratos, obligando a la transferencia de la operación al Estado al finalizar el plazo estipulado.
La transferencia de los activos, bienes y operaciones del OCP al Estado está programada para llevarse a cabo el 30 de noviembre de 2024. Este proceso tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio público de transporte de hidrocarburos sin costos adicionales para el Estado ni para los usuarios. Además, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores involucrados y los contratos existentes con terceros.
En las próximas semanas, el Ministerio de Energía detallará la modalidad de administración que se implementará durante el tiempo que el Estado mantenga el control del oleoducto, así como el proceso de licitación que se llevará a cabo posteriormente. La cartera de Estado enfatizó su compromiso con una transición ordenada y transparente, en beneficio del país y sus ciudadanos.
Este cambio de gestión llega en un momento crítico, y el Gobierno espera que este enfoque no solo mantenga la eficiencia en el transporte de hidrocarburos, sino que también genere confianza en el manejo de recursos estratégicos para la economía nacional.
