En el contexto del caso Plaga, se revelan detalles preocupantes sobre una red de corrupción que facilitó beneficios carcelarios a Julio Eduardo Sánchez Salavarría, conocido como ‘Sianca’. Este individuo, condenado a 35 años de prisión por el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, falleció el 8 de octubre de 2023 a los 35 años debido a un paro cardíaco. La solicitud de extinción de su pena se ha puesto sobre la mesa tras su muerte.
El crimen de Gabela, que tuvo lugar hace catorce años, aún genera inquietud, ya que el general había denunciado irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv en 2008, durante el mandato de Rafael Correa. Gabela fue atacado en su hogar por varios asaltantes, lo que fue considerado un robo, pero la investigación determinó que se trataba de un asesinato premeditado.
Sánchez fue arrestado en 2011 a los 23 años y recibió dos condenas, acumulando un total de 35 años de prisión. Sin embargo, en 2022 accedió a beneficios carcelarios irregulares como parte de una trama de corrupción que ha dejado al descubierto vínculos entre exjueces y narcotraficantes. Un testimonio reciente del exjuez Ángel Lindao Vera reveló que, a cambio de dinero, se emitían medidas cautelares y habeas corpus para delincuentes condenados, incluyendo a ‘Sianca’.
La investigación del caso Metástasis, que se desglosó de Plaga, ha destapado un sistema de corrupción en el ámbito judicial, con implicaciones que incluyen la falsificación de documentos y la manipulación de registros judiciales. Entre los implicados se encuentra el narcotraficante Leandro Norero, quien utilizó su influencia para favorecer a delincuentes en situaciones legales desfavorables.
En diciembre de 2023, justo antes de un operativo de la Fiscalía, se presentó una solicitud para extinguir la pena de Sánchez, argumentando que su muerte debía llevar a la anulación de su condena. Sin embargo, las inconsistencias en los registros de defunción han ralentizado este proceso. Un juez en Guayaquil solicitó información al Registro Civil, pero este confirmó que no hay registro de un «Julio Alberto Salavarría Sánchez», complicando aún más la situación.
Las investigaciones continúan, impulsadas por la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, quien ha solicitado que se profundice en la posible implicación de altos mandos de la Fuerza Aérea en la trama de corrupción y en el asesinato de su esposo. A pesar de que en 2013 se determinó que se trataba de un delito común, las irregularidades en la investigación original han suscitado sospechas sobre la verdadera naturaleza del crimen.
El caso Gabela se mantiene activo, con la Corte Constitucional supervisando el cumplimiento de un fallo que reconoce la vulneración del derecho a la verdad por parte de las autoridades.
