A medida que se aproxima el cierre del periodo legislativo transitorio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se enfrenta al reto de tramitar al menos seis juicios políticos pendientes. Estos casos, que han estado «en cola» durante los últimos siete meses, involucran a exministros, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El proceso más reciente que se cerró fue el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien fue sometida a votación el 9 de octubre. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, presentó un informe recomendando el juicio, pero no logró obtener la mayoría de votos necesarios. Sin embargo, el 17 de octubre, el pleno de la Asamblea decidió proceder con el juicio, acusando a Palencia de incumplimiento de funciones en relación con la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, así como la falta de un plan de seguridad ante la creciente violencia en el país.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ha convocado al juicio político para el próximo miércoles 23 de octubre.
Marcelo Espinel, subdirector del Observatorio Legislativo, señala que dos factores influyen en el avance de estos procesos: el legal, que sigue el orden de llegada y la calificación de los juicios por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y el político, que depende de la composición de la Comisión de Fiscalización. Espinel observa que los miembros tienden a actuar en función de los intereses de sus partidos, lo que puede afectar la imparcialidad del proceso. “Cuando un presidente carece de mayoría, su gobierno es más fiscalizado”, afirma.
Desde la Comisión Nacional Anticorrupción, se critica la falta de ética en el manejo de los juicios, señalando que los debates se han convertido en discusiones acaloradas, incluso con gritos y enfrentamientos. Para evitar conflictos, algunas reuniones se han realizado de manera telemática, como en el caso del juicio contra Palencia.
Además, la Comisión Anticorrupción denuncia que hay un enfoque desproporcionado hacia las autoridades no aliadas, evidenciado en cómo los asambleístas del oficialismo y del correísmo retiraron su apoyo a los juicios contra tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, lo que resultó en el archivo de esos casos.
Las críticas sobre el manejo de los juicios provienen incluso de miembros de la misma Comisión. Ramiro Vela, legislador de ADN-Aliados, admitió que la falta de imparcialidad ha socavado la credibilidad del trabajo legislativo, indicando que en el caso de la fiscal Diana Salazar, la mayoría decidió no avanzar debido a la ausencia de causales claras.
En cuanto a los procesos en curso, el 15 de octubre, la Comisión de Fiscalización inició un juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, presentado por asambleístas de las bancadas Construye y PSC. Este juicio se relaciona con acusaciones de incumplimiento de funciones y negligencia durante la crisis energética de abril de 2024, cuando no se realizaron las contrataciones necesarias para asegurar el suministro de energía.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el trámite de un juicio político debe completarse en un plazo de 30 días desde su calificación, abarcando desde la notificación hasta la presentación de pruebas. Actualmente, hay varias solicitudes pendientes que incluyen juicios contra Ángel Torres, juez del TCE; Juan Esteban Guarderas, vocal del CPCCS; Gustavo Manrique, excanciller; Fernando Muñoz, juez electoral; y Johanna Verdezoto, vocal del CPCCS.
- Ángel Torres: Juicio impulsado por Construye tras procesar una denuncia electoral contra la agrupación.
- Juan Esteban Guarderas: Acusado de incumplimiento de funciones y tráfico de influencias.
- Gustavo Manrique: Juicio por el canje de deuda que perjudica al Estado, según la legisladora Jadira Bayas.
- Fernando Muñoz: Acusado de interferir en un proceso judicial relacionado con Jorge Yunda.
- Johanna Verdezoto: Enfrenta acusaciones de incumplimiento de funciones y conflictos de interés.
