La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) está bajo presión para llevar a cabo un nuevo concurso público de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Esta medida surge a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado, que identificó diversas anomalías en el último proceso realizado en 2020. El presidente Daniel Noboa ha solicitado que la Arcotel elabore las bases legales y reglamentarias para este nuevo concurso en un plazo de dos meses.
Se desconoce cuántas frecuencias estarán disponibles para este concurso. Entre 2020 y 2023, la Contraloría llevó a cabo auditorías sobre el proceso de adjudicación de frecuencias para medios de comunicación privados y comunitarios, el cual fue inicialmente dispuesto por el expresidente Lenín Moreno.
Hallazgos de la Contraloría
Las auditorías revelaron que cinco compañías, con accionistas extranjeros, tenían participación significativa en medios nacionales, superando el límite permitido del 49% de capital extranjero. Uno de los involucrados es el empresario mexicano y nacionalizado guatemalteco, Ángel González. La legislación vigente prohíbe que los medios de comunicación nacionales tengan más del 49% de sus acciones en manos de entidades extranjeras, salvo aquellas que residan legalmente en Ecuador.
Bajo la administración de Guillermo Lasso, esta restricción se reafirmó, y ahora se prohíbe completamente que los medios nacionales estén controlados en parte o en su totalidad por empresas o ciudadanos extranjeros.
Además, el informe de la Contraloría identificó un caso específico donde un delegado de la Arcotel emitió un informe favorable para una empresa uruguaya que tenía una frecuencia con más del 99% de participación. Este funcionario incluso tramitó y luego anuló un recurso legal que contradecía su propia resolución.
A pesar de que la Arcotel justificó la adjudicación a estas cinco compañías bajo acuerdos de cooperación bilateral con sus países de origen, la Contraloría argumenta que esto contraviene la Constitución y otras leyes nacionales que limitan estas acciones.
Irregularidades en el Proceso
Se destacó que cuatro concesionarios operaban con títulos caducados y que otros catorce continuaban utilizando sus frecuencias sin haber participado en el proceso de adjudicación. Además, seis concesionarios estaban en mora con la Arcotel y el Servicio de Rentas Internas, lo que debería haberlos inhabilitado para postularse a una frecuencia.
La Contraloría también señaló que las áreas internas de la Arcotel se comprometieron a implementar un mecanismo de “control posterior”, el cual no se concretó, lo que permitió que persistieran las fallas en el control de la planificación y la seguridad jurídica en la adjudicación de frecuencias. Este déficit en la supervisión ha debilitado el sistema de control interno de la institución.
Otra preocupación es la concentración de frecuencias, que sigue siendo un problema. Las auditorías revelaron que una fundación religiosa controlaba tres frecuencias, algo que va en contra de lo establecido por la Constitución y la Ley de Comunicación.
Por último, el presidente Noboa ha mantenido en su reglamento reformado que cualquier persona que opere una matriz en AM, otra en FM y una en televisión no podrá participar en el concurso de frecuencias. La Arcotel también fue criticada por no cumplir su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades de los aspirantes, ya que ocho concesionarios violaron la disposición que prohíbe transferir acciones sin autorización.
