Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, ha solicitado la suspensión condicional de su condena de cinco años de prisión por peculado, en el marco del caso Secom. A pesar de esta solicitud, enfrenta otro proceso penal cuyo juicio ha sido reprogramado para 2025.
El 22 de octubre, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), compuesta por los jueces Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez, evaluará las peticiones de suspensión condicional de pena presentadas por Alvarado y otros tres implicados en el caso: los exfuncionarios de la Secom, Pablo Yánez y Galo Pacheco, así como el empresario Carlos Bravo. Todos ellos han sido condenados por el delito de peculado.
En esta instancia, Alvarado y Pacheco, coautores del delito, buscan la revocación de su condena de cinco años. Por otro lado, Bravo, quien fue sentenciado a un año y ocho meses como cómplice, y Yánez, condenado a un año como cooperador eficaz, también solicitan la revisión de sus penas.
Las defensas argumentan que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) anterior a la reforma de 2023, que permite la suspensión condicional de la pena si el condenado no tiene otras sentencias o procesos abiertos y el delito no involucra actos de violencia de género o corrupción grave.
Sin embargo, la nueva redacción del artículo 630, reformada por la Asamblea Nacional en 2023, limita la posibilidad de suspensión en casos de peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos graves. Este cambio legal podría complicar las solicitudes presentadas por Alvarado y los demás sentenciados.
Los recursos fueron interpuestos tras la sentencia unánime de culpabilidad dictada por los jueces el 18 de septiembre, que contrarió la decisión inicial de inocencia emitida por la Fiscalía y otras entidades estatales. Alvarado, en su defensa, señaló: “Mi situación jurídica me permite solicitar la audiencia para la suspensión condicional de la pena, ya que cumplo todos los requisitos”.
No obstante, cabe destacar que, a pesar de su solicitud, Alvarado enfrenta una nueva acusación por incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente, lo que podría dificultar su acceso a la suspensión de la pena.
La audiencia que debía llevarse a cabo el 15 de octubre se aplazó debido a un cambio de abogado por parte de Alvarado. Su nueva abogada, Cristina Montenegro, solicitó más tiempo para preparar su defensa. El juez Luis Oswaldo Manosalvas decidió diferir la audiencia, que se reprogramó para el 11 de marzo de 2025.
En un episodio notable de su historia, en octubre de 2018, Alvarado logró escapar del país hacia Venezuela después de haber sido despojado del grillete electrónico. Recientemente, pagó una caución de $10,000 para evitar la prisión preventiva por el nuevo proceso penal que enfrenta.
Finalmente, su defensa también solicita el levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas sobre sus bienes, una vez que se cancele la caución. Esto incluye comunicaciones con el Registro Mercantil y la Agencia Nacional de Tránsito para eliminar restricciones sobre sus propiedades.
