En el marco del juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior de Ecuador, sus proponentes, los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, la acusan de ser responsable de la reciente irrupción en la Embajada de México en Quito. Durante las sesiones virtuales del juicio, que culminaron el 30 de septiembre, los legisladores insistieron en que la ministra no presentó un Plan Fénix para combatir la creciente ola de inseguridad en el país, así como en la falta de acción respecto a las fugas de criminales como Adolfo Macías, conocido como Fito, y Fabricio Colón Pico.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha finalizado la etapa de presentación de pruebas tanto a favor como en contra de la ministra. Desde el 5 de octubre, comienza el conteo de cinco días para que se elabore un informe que será presentado al pleno de la Asamblea. Durante esta fase, Berrezueta y Cabezas utilizaron diversos tipos de evidencia, incluyendo publicaciones periodísticas, videos de víctimas de extorsión y estadísticas oficiales, para respaldar sus afirmaciones sobre la ineficacia del gobierno en el manejo de la seguridad pública.
Los legisladores cuestionaron la imparcialidad de los testigos presentados por la defensa de Palencia, señalando que la mayoría trabaja en el Ministerio del Interior, lo que podría comprometer su objetividad. Concluyeron sus presentaciones solicitando al pleno que se evalúe la posibilidad de llevar a cabo el juicio político por presuntas conductas ilícitas atribuibles a la ministra.
Berrezueta argumentó que, en lugar de excusarse por conflicto de intereses, Palencia debería haber renunciado para permitir que otro funcionario tomara las riendas de la situación. Afirmó que la ministra no solo dejó de actuar ante la irrupción violenta en la Embajada de México, sino que también falló en garantizar la seguridad jurídica del personal diplomático, lo que ha puesto al país en una posición vulnerable frente a litigios en la Corte Internacional de Justicia.
En cuanto a la seguridad, Paola Cabezas mostró videos y declaraciones que evidencian que las cifras oficiales sobre muertes violentas no reflejan la realidad, indicando que las afirmaciones de Palencia eran engañosas. La legisladora enfatizó que la percepción pública respalda sus afirmaciones y que muchas familias en el país comparten la preocupación por el incumplimiento de las funciones ministeriales.
Ambos asambleístas también abordaron la falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior ante la fuga de Fito, señalando que han pasado más de 200 días sin resultados concretos. En cuanto a los recursos destinados a la seguridad, Cabezas destacó que la ministra recibió $29 millones, mientras que los municipios de Guayaquil y Samborondón invirtieron más de $32 millones y $712,500, respectivamente, en medidas de seguridad.
Cabezas también criticó la falta de coordinación entre el Ministerio del Interior y las autoridades locales, sugiriendo que las estrategias implementadas son insuficientes y carecen de una verdadera articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Además, la legisladora manifestó su preocupación por la falta de protección de funcionarios públicos, señalando que la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, ha sido abandonada en un entorno cada vez más inseguro.
