La reciente iniciativa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país ha generado un intenso debate. Este proyecto, que busca combatir los delitos transnacionales vinculados al narcotráfico, propone un referéndum para eliminar la prohibición actual que se encuentra en la Constitución. Sin embargo, Noboa ha señalado que, de concretarse esta reforma, no se espera que los efectos sean inmediatos, ya que cualquier acuerdo deberá adherirse a las normativas ecuatorianas vigentes.
Noboa, quien se encuentra en plena precampaña electoral para las elecciones presidenciales de febrero de 2025, envió su propuesta a la Corte Constitucional (CC) para que determine el proceso adecuado a seguir. La pregunta del referéndum estipula: “¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional?”. La intención es eliminar un inciso que prohíbe explícitamente la creación de instalaciones militares extranjeras en Ecuador.
Este debate sobre la reforma constitucional cobra relevancia en un contexto donde grupos de delincuencia organizada han crecido considerablemente. Noboa argumenta que retomar la discusión sobre la presencia militar extranjera es necesario para enfrentar estos desafíos, recordando que Ecuador tuvo acuerdos similares antes de la Constitución de 2008, cuando el país contaba con la base aérea Eloy Alfaro en Manta, utilizada por Estados Unidos para operaciones antidrogas.
En 1999, el entonces presidente Jamil Mahuad firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitía el uso de la base para actividades antinarcóticos. Este acuerdo fue renovado en varias ocasiones hasta que Ecuador decidió cerrar la base en 2009 durante la presidencia de Rafael Correa. Desde entonces, las relaciones con Estados Unidos se han reestablecido, destacando acuerdos recientes que refuerzan la cooperación en materia de seguridad.
Si la reforma avanza y recibe el apoyo popular, Noboa enfatiza que cualquier futura relación para instalar bases militares extranjeras será sometida a evaluación por la CC y la Asamblea Nacional. Esto significa que los acuerdos no serán automáticos, y se respetarán los tratados existentes con Estados Unidos.
El constitucionalista José Chalco subraya que esta reforma no comprometerá los acuerdos actuales, permitiendo a Ecuador negociar nuevas alianzas internacionales sin afectar la soberanía. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud entre sectores políticos y de derechos humanos que advierten sobre una posible injerencia extranjera en asuntos internos del país.
El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos Calderón, defiende la propuesta, argumentando que no implica pérdida de soberanía, sino una cooperación necesaria para enfrentar amenazas comunes. No obstante, el exministro de Defensa Oswaldo Jarrín critica la falta de un plan nacional de seguridad integral y considera que esta iniciativa carece de una base sólida y un enfoque estratégico claro.
La importancia de un plan de seguridad integral que involucre a todas las instituciones del Estado es un punto recurrente en el debate. Jarrín y otros analistas coinciden en que la simple instalación de bases militares no resolverá por sí sola el problema del narcotráfico; se necesita una política clara que articule los recursos y estrategias necesarios.
Por su parte, el exsecretario de Seguridad Pública Wagner Bravo apoya la reforma, pero enfatiza que debe existir una colaboración regional con otros países latinoamericanos para enfrentar problemas como la minería ilegal y el narcotráfico. Esta visión destaca la necesidad de una política común que trascienda las fronteras nacionales.
En resumen, la propuesta de Noboa para abrir las puertas a bases militares extranjeras en Ecuador plantea un debate complejo que involucra la seguridad nacional, la soberanía y la cooperación internacional. La evolución de esta iniciativa dependerá del respaldo popular y de la claridad en la estrategia de seguridad que el gobierno defina en los próximos meses.
