La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se encuentra en medio de un entuerto, al no lograr consenso sobre el orden de tramitación de los juicios políticos que tiene pendientes. En su más reciente sesión, programada para el 18 de septiembre de 2024, se suspendió nuevamente el análisis del juicio político al exministro de Economía, Pablo Arosemena. Esta decisión se produjo tras la emisión de una acción de protección por parte del juez Edgar Romero, quien dictaminó que el archivo del caso violaba derechos fundamentales.
Este es el segundo intento fallido para abordar la solicitud de interpelación presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, quien ha solicitado que se agreguen nuevas firmas al respaldo del juicio contra Arosemena, considerando que algunas firmas originales han sido retiradas. Desde que la Asamblea reanudó sus actividades el 3 de septiembre, la tramitación de juicios políticos ha estado plagada de complicaciones jurídicas.
La confusión reina entre los asambleístas, ya que, mientras la Comisión se compromete a seguir el dictamen del juez, el pleno de la Asamblea desestimó dicha sentencia y decidió continuar con el juicio político. Durante la sesión, el vicepresidente de la Comisión, Luis Alvarado, propuso modificar la agenda para dar prioridad al juicio contra la exsecretaria del Senescyt, Andrea Montalvo, antes del de Arosemena. Esta propuesta generó más discordia, ya que la Secretaría General de la Asamblea había determinado previamente que el juicio a Montalvo debería ir primero.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, abandonó la sala en desacuerdo con el intento de cambiar el orden del día, argumentando que esto sería una burla a la resolución del juez. Aguirre recordó que la Comisión ya había establecido el orden de los juicios, y cuestionó la necesidad de revisarlo nuevamente, señalando que la situación refleja «error tras error, ilegalidad tras ilegalidad».
La falta de apoyo a la moción de Alvarado para alterar el orden de los juicios llevó a que la sesión fuera suspendida, lo que deja el futuro del juicio a Arosemena en una situación incierta. La Comisión de Fiscalización, enfrentando una creciente presión pública, sigue atrapada entre decisiones contradictorias y una falta de claridad sobre cómo proceder en este delicado asunto.
En resumen, la situación actual resalta la dificultad para la Asamblea en la gestión de juicios políticos, donde los desencuentros y la confusión legal amenazan con entorpecer aún más el proceso legislativo.
