El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si archiva el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tras lo que algunos legisladores han calificado como una “barbaridad jurídica” ocurrida durante la accidentada sesión de la Comisión de Fiscalización el 9 de septiembre. En esa sesión, no se logró calificar el juicio político contra Salazar, lo que desató una ola de críticas sobre la legalidad y el manejo del procedimiento legislativo.
El legislador Leonardo Berrezueta, del bloque de la Revolución Ciudadana, expresó su desacuerdo con la actuación de Luis Alvarado, quien presidió la comisión interinamente tras la apelación de Pamela Aguirre. Según Berrezueta, Alvarado mostró un desconocimiento del proceso parlamentario al aprobar una resolución contraria a una decisión anterior del Pleno. “La Comisión de Fiscalización cometió una falta muy grave al contradecir lo establecido por el Pleno. En derecho, las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen”, afirmó Berrezueta.
Este conflicto se remonta al 3 de septiembre, cuando la Asamblea, con 87 votos, rechazó una sentencia que otorgaba una acción de protección a favor del archivo de tres juicios políticos, uno de los cuales era contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Según Berrezueta, la resolución del Pleno dejó claro que cualquier interferencia en la independencia de funciones del Estado debía ser condenada. El legislador considera que lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización el 9 de septiembre refleja un desconocimiento de la normativa.
Otro punto de controversia fue la moción para unificar el juicio político de la asambleísta Gisela Garzón con el de Héctor Balladares. Sin embargo, según Berrezueta, esto carecía de sentido, ya que el juicio de Garzón ya había sido archivado. “Es como si intentaran casar a una persona que ya ha fallecido”, comentó gráficamente el legislador.
En contraste, Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, coincidió en que será el Pleno quien determine el destino del juicio político contra Salazar. Peñafiel expresó su preocupación por el manejo del proceso, calificándolo como irrespetuoso y politizado. “Estamos sorprendidos por la forma ligera en que han tratado el juicio contra la fiscal general del Estado”, comentó, señalando que la bancada de Construye siempre ha estado en contra de enjuiciar políticamente a Salazar.
Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, notificó el 10 de septiembre al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre la resolución de la comisión. En su carta, Alvarado informó que con cinco votos a favor, se decidió acumular los juicios políticos contra Salazar, presentados por los asambleístas Héctor Valladares y Gisela Garzón. Esta decisión sigue siendo objeto de fuertes críticas, con algunos legisladores acusando a la Comisión de Fiscalización de actuar bajo motivaciones políticas.
César Umajinga, de SUMA-ADN y miembro de la Comisión, aseguró que el proceso ha seguido el debido procedimiento legal y que, para su bancada, el juicio político contra Salazar está concluido. Sin embargo, otros legisladores advierten que la lucha política en torno al caso podría reactivarse.
