La ministra del Ambiente de Ecuador, Inés Manzano, ha expresado su frustración ante los obstáculos legales que enfrenta para proceder con el desmantelamiento de la infraestructura relacionada con la explotación petrolera en el bloque ITT, ubicado en el parque nacional Yasuní, en la provincia de Orellana. Según Manzano, el proceso de desmantelamiento está complicado debido a restricciones impuestas por la Corte Constitucional del país.
Durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, Manzano señaló que la Corte Constitucional ha dictado 157 sentencias que actualmente configuran el marco legal para las acciones ambientales en Ecuador. A pesar de la clara decisión popular tomada en el referendo del 20 de agosto de 2023 —en el que el 59% de los votantes optó por mantener el petróleo del bloque ITT bajo tierra—, el desmantelamiento de la infraestructura petrolera enfrenta serios obstáculos legales.
Manzano explicó que, para llevar a cabo el desmantelamiento, se necesita una nueva licencia ambiental. Sin embargo, el proceso de obtención de esta licencia está condicionado a la realización de una consulta previa, libre e informada, un requisito que actualmente está impedido por una sentencia de la Corte Constitucional. Esta sentencia declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.º 754, el cual reformaba el reglamento del Código Orgánico Ambiental.
La Corte Constitucional argumentó que aspectos relacionados con la consulta ambiental deben ser regulados por una ley orgánica y no a través de un reglamento, lo que ha generado un conflicto en la interpretación y aplicación de las normativas vigentes. Manzano criticó la Corte por tomar decisiones que considera fuera de su ámbito de competencia y pidió una revisión de los precedentes jurisdiccionales para resolver el problema.
“Es necesario que la Corte revise sus decisiones previas y considere la situación actual. Me molesta que hayan tomado decisiones que no corresponden a su mandato”, dijo Manzano. Añadió que, mientras continúa el proceso de desmantelamiento y la desconexión de algunos pozos, el gobierno necesita la intervención de la Corte para proceder adecuadamente con el resto de la infraestructura.
Además de abordar los problemas legales relacionados con el ITT, Manzano destacó la importancia de mejorar la gestión pública ambiental, con un enfoque particular en la protección del agua. La ministra mencionó que uno de sus principales objetivos es enfrentar la minería ilegal y revitalizar proyectos relacionados con el agua, en colaboración con las juntas de agua para proteger la biodiversidad, especialmente en áreas de pajonales.
Manzano también subrayó la necesidad de cumplir con las sentencias judiciales y de mejorar la defensa en casos pendientes. La ministra está en contacto con la Corte Constitucional para comunicar los desafíos actuales y solicitar una resolución adecuada que permita avanzar en el desmantelamiento de la infraestructura del ITT y en la implementación de políticas ambientales efectivas.
