El alcalde de Durán, Luis Chonillo, ha tomado medidas drásticas después de que la Policía Nacional interviniera diversas oficinas municipales la semana pasada. La operación reveló vínculos entre funcionarios del Municipio, la Agencia de Tránsito (ATD), el Cuerpo de Bomberos y el Registro de la Propiedad con la banda criminal Chone Killer. En respuesta, Chonillo ha ordenado que todos los gerentes, subgerentes y directivos de estas instituciones presenten sus renuncias.
En un comunicado emitido el 21 de agosto, Chonillo detalló que ha solicitado que, en un plazo de quince días, se le proporcione toda la información necesaria para asegurar la transparencia en la administración de estas entidades. El alcalde enfatizó que, a pesar de la reciente intervención y su imposibilidad de estar en el terreno debido a razones de seguridad, su administración sigue operando a través de teletrabajo para mantener en funcionamiento programas y proyectos esenciales para la comunidad de Durán.
Este giro en los acontecimientos sigue al atentado sufrido por Chonillo en mayo del año pasado, lo que obligó al alcalde a adoptar estrictas medidas de seguridad. El ataque ocurrió el día en que iba a presidir la primera sesión del Concejo Municipal, marcando un aumento significativo en las medidas de protección personal del alcalde.
La intervención policial realizada el 14 de agosto resultó en la captura de 23 individuos vinculados a la banda Chone Killer, considerada una organización terrorista bajo el Decreto 111 vigente desde enero de este año. Según la Policía, estos individuos, bajo las órdenes de alias Negro Tulio, operaban desde la prisión de La Roca, donde reclutaban funcionarios y dirigían actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas.
El general Freddy Sarzosa, director de Investigaciones de la Policía, reveló que la banda Chone Killer también infiltró a sus familiares y amigos en las nóminas de las instituciones municipales para obtener contratos públicos, lo que agravó la situación de corrupción dentro del cabildo duraneño.
La decisión de Luis Chonillo de exigir la salida de los directivos afectados es un intento por restaurar la confianza pública y asegurar que la administración municipal opere con la máxima integridad. La comunidad de Durán ahora espera que estas medidas contribuyan a erradicar la corrupción y mejorar la seguridad y transparencia en la gestión pública local.
