El monto destinado al fondo de promoción electoral, que el Estado proporciona para financiar las candidaturas en las elecciones de 2025, aún no está definido. La cantidad final dependerá del número total de aspirantes y las posibles alianzas que se registren.
Según el artículo 202 del Código de la Democracia, el presupuesto para la promoción electoral no puede superar el 15% del máximo de gasto electoral permitido para cada dignidad. Sin embargo, hay excepciones específicas: para los binomios presidenciales, el límite es del 12% para la primera vuelta y del 40% para la segunda vuelta. En el caso de los asambleístas del exterior, el presupuesto no debe exceder el 45% del máximo de gasto electoral calculado para esa dignidad.
El artículo también establece que las alianzas entre organizaciones políticas recibirán un incremento del 20% adicional al monto asignado para la promoción electoral por cada partido involucrado. Este incremento se aplica únicamente si las alianzas son entre organizaciones del mismo nivel territorial o electoral, conforme al tipo de candidatura. La distribución del fondo dentro de una alianza se regirá por los porcentajes acordados en el documento de inscripción de la alianza.
El pasado fin de semana, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó los límites de gasto electoral privado para los binomios presidenciales, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como para los parlamentarios andinos. Los límites establecidos son:
- Binomio presidencial: $5,494,526.60
- Asambleístas nacionales: $4,120,894.20
- Parlamentarios andinos: $137,363.14
- Asambleístas provinciales: $0.30 por elector en la jurisdicción correspondiente
- Asambleístas del exterior: $0.60 por elector en la jurisdicción correspondiente
Si se mantiene el número actual de 17 binomios presidenciales, cada uno podría recibir alrededor de $660,000. Sin embargo, esta cifra es provisional, ya que aún se están realizando negociaciones para consolidar las listas de candidatos.
La ley estipula que el financiamiento estatal se destina exclusivamente a la campaña publicitaria en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. Las redes sociales no se incluyen en esta categoría. El CNE canaliza estos recursos a través de los medios de comunicación, en lugar de entregárselos directamente a los candidatos o listas.
Todos los otros gastos de la campaña, tales como asesorías, consultorías, encuestas de opinión, movilización de candidatos, salarios del equipo de trabajo, mítines y concentraciones, deberán ser cubiertos con fondos propios de las organizaciones políticas o contribuciones legales de sus simpatizantes. Estos gastos no deben exceder los límites definidos por el CNE.
