Un total de 45 naciones miembros de la ONU, entre ellas Ecuador, hicieron un llamado urgente ante el Consejo de Derechos Humanos para que Venezuela cese la represión contra opositores políticos y manifestantes, y libere de inmediato a los detenidos sin justificación. La declaración, presentada el martes por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, denuncia un agravamiento de la crisis de derechos humanos en Venezuela, exacerbada por el contexto electoral reciente.
La declaración, leída ante el Consejo de Naciones Unidas, instó a las autoridades venezolanas a respetar rigurosamente las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención. Los países firmantes, que incluyen a varias naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, así como a miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, junto con Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá, expresaron su profunda preocupación por la situación en Venezuela.
Mondino destacó que la intensificación de la represión ha incluido la detención arbitraria de líderes opositores, periodistas y manifestantes, así como de menores, mujeres y personas con discapacidad. La declaración critica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. También denuncia la persecución judicial contra el candidato presidencial Edmundo González, actualmente exiliado en España.
Según el comunicado, el gobierno venezolano está utilizando acusaciones de incitación al odio y legislación antiterrorista para perseguir y detener a quienes ejercen sus derechos políticos y su derecho a protestar pacíficamente. Asimismo, la declaración lamenta la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, lo que llevó a la expulsión de su personal del país en febrero pasado.
Los países firmantes pidieron también que se reanude la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y que se permita la entrada a Venezuela de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Esta misión está encargada de investigar los abusos de derechos humanos en el país y presentará su informe más reciente al Consejo de la ONU el 19 de septiembre.
