Nueva norma sobre atención sanitaria
El Gobierno de España aprobó una regulación que establece el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria pública para extranjeros que no tienen residencia legal en el país.
La medida fue impulsada por el Ejecutivo de coalición y busca garantizar que las personas sin estatus migratorio regular puedan acceder al sistema sanitario público.
Requisitos para solicitar la atención médica
Quienes soliciten este derecho deberán demostrar que no cuentan con otra cobertura sanitaria. Además, deberán acreditar su residencia en el país.
Esto podrá comprobarse mediante el empadronamiento o, en su defecto, con documentos como certificados de escolarización, facturas de servicios básicos o informes emitidos por los servicios sociales.
Atención médica desde el primer momento
Según el Ministerio de Sanidad, al presentar la solicitud se emitirá un documento provisional que permitirá recibir atención sanitaria de inmediato.
La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. Si en ese tiempo no existe respuesta, la solicitud se considerará aprobada automáticamente.
Un derecho sin caducidad
Una vez reconocido el derecho a la atención sanitaria pública, este no tendrá fecha de caducidad mientras la persona no disponga de otra cobertura médica distinta al sistema público.
Las administraciones también deberán iniciar el trámite de oficio cuando el paciente no pueda hacerlo durante el primer momento de la atención médica.
La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que con esta medida se evita que pacientes reciban facturas después de haber sido atendidos por no haber completado previamente los trámites administrativos.
Beneficios también para españoles en el exterior
La normativa también amplía la cobertura para ciudadanos españoles que residen en el extranjero y sus familiares durante estancias temporales en el país, siempre que no tengan acceso a cobertura médica mediante convenios internacionales o sistemas de seguridad social.
Atención prioritaria a grupos vulnerables
La norma reconoce atención inmediata para varios grupos vulnerables, sin importar su situación administrativa.
Entre ellos están menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o sexual, víctimas de trata o explotación y solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida.
Además, la regulación incluye el derecho de mujeres extranjeras no residentes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Críticas desde la oposición
La medida generó críticas por parte del partido Vox. Su presidente, Santiago Abascal, calificó la decisión del Gobierno como un crimen.
Según el dirigente político, la medida podría provocar un efecto llamada migratorio al ampliar el acceso a los hospitales públicos.
Regularización de migrantes
Esta decisión se suma al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno el 27 de enero. La medida está dirigida a migrantes que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en España hasta el 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales.