Gustavo Petro, antiguo integrante de la guerrilla del M-19, dejó la lucha armada para incorporarse a la política. A lo largo de su carrera ocupó cargos como diputado, senador y alcalde de Bogotá. Tras dos intentos fallidos, ganó la presidencia de Colombia en su tercera candidatura. El mandatario se define como socialdemócrata, aunque sectores críticos lo ubican dentro de una línea política cercana al neocomunismo por su discurso sobre la lucha de clases.
Un gobierno condicionado por contrapesos
Durante su mandato, Petro gobernó con limitaciones institucionales. Su partido, Pacto Histórico, nunca tuvo mayoría en el Congreso. Además, organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría mantuvieron vigilancia sobre sus decisiones. Estos contrapesos políticos e institucionales influyeron en la ejecución de varias de sus propuestas de gobierno.
La promesa de la “Paz Total”
La principal bandera de su administración fue la política de “Paz Total”. Petro planteó esta estrategia como un nuevo contrato social que debía garantizar derechos fundamentales y atender a las víctimas del conflicto armado. El plan incluyó negociaciones con diferentes actores armados presentes en el país.
Los grupos involucrados en el proceso
Entre los interlocutores se encontraban el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y remanentes del EPL. También participaron estructuras criminales surgidas de antiguos grupos paramilitares, entre ellas el Clan del Golfo. A este escenario se sumaron pandillas urbanas y organizaciones del crimen organizado como el Tren de Aragua.
Críticas a la implementación
Diversos analistas consideran que la estrategia careció de una hoja de ruta clara. Según exfuncionarios, el proceso no definió cronogramas ni compromisos verificables por parte de los grupos armados. Esta situación generó dudas sobre la capacidad del Estado para exigir resultados concretos en las negociaciones.
Expansión de actividades ilegales
Mientras avanzaban los diálogos, varias organizaciones criminales fortalecieron su presencia territorial. En distintas regiones crecieron los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento y las rutas del narcotráfico. También aumentaron actividades como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. La complejidad del conflicto colombiano, con más de seis décadas de violencia, sigue representando un desafío estructural para el país.
Impacto político y regional
Los críticos sostienen que esta política permitió a los grupos criminales reorganizarse y ampliar su influencia. Además, advierten que la seguridad en zonas fronterizas se ha vuelto más frágil. Este escenario podría influir en el debate político colombiano y en las próximas elecciones presidenciales, donde la estrategia de seguridad del actual gobierno será uno de los temas centrales.