Óscar Ayerve ha recurrido a la justicia para intentar anular la posesión de David Rosero como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al interponer una acción de protección ante el Complejo Judicial Norte de Quito, el 21 de abril de 2025. La acción está dirigida tanto a la Asamblea Nacional como al propio CPCCS, con el objetivo de invalidar el nombramiento de Rosero, quien asumió el cargo recientemente.
Este reclamo surge después de que Rosero fuera designado como vocal del CPCCS, lo que generó controversia debido a la percepción de que su regreso podría contravenir ciertas normativas o principios legales previos. La postura de Ayerve se basa en su argumentación de que dicha posesión no cumple con los requisitos legales establecidos para su ejercicio en el cargo.
Contexto y justificación de la acción legal
Óscar Ayerve, quien fue excandidato para ocupar un cargo como vocal del CPCCS durante las elecciones seccionales de 2023, considera que la designación de Rosero está en contra de los principios de transparencia y legitimidad que deberían regir el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo. Aunque la Procuraduría General del Estado ha señalado que Rosero no tiene ningún impedimento para ejercer sus funciones como vocal, Ayerve sostiene que su regreso al CPCCS tras ser destituido previamente debe ser cuestionado.
En su acción legal, Ayerve argumenta que el nombramiento de Rosero no solo podría estar viciado de irregularidades, sino que también se da en un contexto donde la legitimidad del proceso de selección del vocal está en disputa. El excandidato a vocal del CPCCS también ha subrayado que su solicitud busca asegurar que se respete la normativa legal en relación con los procedimientos para la designación de funcionarios públicos en cargos de tanta relevancia para el país.
La postura de la Procuraduría y el estado del proceso
A pesar de las objeciones de Ayerve, la Procuraduría General del Estado ha indicado que no existe un impedimento legal para que David Rosero ocupe su cargo como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según la Procuraduría, Rosero tiene derecho a regresar a la institución del CPCCS, a pesar de que anteriormente fuera destituido de su cargo.
El CPCCS es un organismo clave en la supervisión de la ética pública y la gestión de cargos dentro del Estado, por lo que su composición y la forma en que sus miembros son designados son de gran importancia para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder. Por ello, las decisiones relacionadas con la posesión de los vocales tienen un impacto directo en el funcionamiento del Consejo y en la percepción pública de la justicia y la transparencia institucional.
¿Qué implicaciones tiene esta acción?
La acción de protección presentada por Ayerve podría tener repercusiones significativas tanto para David Rosero como para el proceso de nombramiento de vocales en el futuro. De ser aceptada por el tribunal, esta medida podría llevar a la anulación de la posesión de Rosero y la necesidad de realizar un nuevo proceso de selección o nombramiento.
El caso también subraya las tensiones políticas que existen alrededor del CPCCS y la forma en que se eligen a los miembros que componen este órgano. La Asamblea Nacional será fundamental en este proceso, ya que deberá evaluar la acción legal y decidir si respalda o no la legitimidad del nombramiento de Rosero.
Próximos pasos en el proceso
La acción de protección presentada por Ayerve está en espera de ser resuelta por la justicia. En caso de que el tribunal decida favorablemente a favor de Ayerve, el proceso de posesión de David Rosero como vocal del CPCCS podría quedar invalidado, lo que llevaría a nuevas decisiones dentro del Consejo de Participación Ciudadana. En este contexto, la Asamblea Nacional podría verse obligada a revisar los procedimientos de selección y nombramiento de los miembros del CPCCS para garantizar que se ajusten a la legalidad vigente.
Este proceso se da en un contexto político donde la credibilidad de las instituciones y la confianza en los procesos democráticos son aspectos clave para el futuro político del país. La resolución de esta acción de protección podría tener implicaciones más amplias sobre cómo se gestionan los cargos dentro del sistema estatal.
