La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, expresó su desacuerdo con el fallo emitido el 23 de diciembre de 2024 por la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, que dejó sin efecto la sanción de suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Núñez calificó esta decisión como «una resolución sin certeza» y evidenció lo que consideró una postura «parcial» de la jueza.
El fallo en cuestión fue el resultado de una audiencia en la que Verónica Abad presentó una acción de protección contra el Ministerio de Trabajo y su titular, Ivonne Núñez. El Ministerio había suspendido a la vicepresidenta por 150 días tras alegar que no se presentó a su puesto de trabajo en la Cancillería cuando se lo ordenó, en el marco de su designación como embajadora en Israel. Posteriormente, Abad fue trasladada a la misión diplomática de Turquía, y el Ministerio de Relaciones Exteriores le indicó que debía estar en su nuevo destino el 1 de septiembre de 2024, pero llegó el 9 de ese mes, lo que desencadenó la sanción.
Núñez señaló que desde el inicio de la audiencia, la jueza pareció adoptar una posición favorable hacia Abad, lo que consideró una falta de objetividad. «La jueza no tomó en cuenta los argumentos presentados por el Ministerio de Trabajo y no evaluó adecuadamente las pruebas del caso», afirmó la ministra. Además, criticó el tono utilizado por la jueza durante la lectura de su fallo, en el que, según Núñez, se adoptó una postura claramente favorable hacia la vicepresidenta, sin justificar adecuadamente la decisión.
Un aspecto que Núñez destacó como especialmente problemático fue la afirmación de la jueza de que Abad gozaba del estatus de diplomática, lo que, según la ministra, no era correcto. Desde el inicio del proceso administrativo, se había establecido que Abad era una servidora pública con contrato de periodo fijo, y no una diplomática de carrera. «La jueza se basó en una interpretación errónea de las normativas y adecuó las leyes a una decisión parcial», señaló Núñez.
La ministra también defendió la legalidad de las decisiones del Ministerio de Trabajo, mencionando que a lo largo de su gestión se han sustanciado numerosos sumarios administrativos y que en muchos casos se ha aplicado la suspensión más allá de los 30 días, en cumplimiento con la ley y con criterios de proporcionalidad.
Al ser consultada sobre si apelarán el fallo, Núñez indicó que primero esperarán ser notificados oficialmente por escrito, para luego presentar el recurso de aclaración y ampliación. Una vez resuelto este recurso, afirmó que se presentará el recurso de apelación correspondiente, con el objetivo de que se revise la decisión judicial.
Este enfrentamiento legal subraya las tensiones entre la administración del presidente Daniel Noboa y la Corte, además de destacar la importancia de los procesos judiciales en la revisión de las sanciones impuestas a los funcionarios públicos. El caso pone en evidencia las controversias sobre el cumplimiento de las normativas laborales y diplomáticas en Ecuador, especialmente cuando se trata de altos funcionarios del gobierno.
