El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) se encuentra evaluando posibles acciones frente a la decisión de la Prefectura del Guayas de extender por 30 años los contratos de concesión vial en la provincia a favor de las empresas Conorte S. A. y Concegua S. A..
La información fue confirmada por el abogado Carlos Cruz, coordinador de asesoría jurídica del ministerio, quien señaló que la cartera de Estado analiza la situación tras conocer la ampliación de los contratos firmados en marzo de 2025, cuando originalmente estaban previstos para concluir en julio de 2026.
Según explicó el funcionario, la extensión se fundamentó en el mecanismo denominado Restablecimiento del Equilibrio Económico-Financiero 7 (REEF 7), un instrumento que permite ajustar las condiciones económicas de los contratos para compensar la diferencia entre la tarifa que pagan los usuarios y el costo real de la infraestructura vial.
De acuerdo con los datos citados por Cruz, mediante este mecanismo la concesionaria Conorte habría recibido alrededor de 323 millones de dólares, mientras que Concegua obtuvo cerca de 193 millones. En conjunto, el monto reconocido a las empresas alcanzaría los 516 millones de dólares.
El jurista recordó que en la década de los noventa el entonces Ministerio de Obras Públicas delegó a la Prefectura la administración de la red vial estatal del Guayas mediante convenios firmados en 1994, 1997 y 1998. Entre las condiciones establecidas figuraba la obligación de presentar informes técnico-económicos periódicos sobre la gestión de las concesiones, algo que, según el MIT, no se habría cumplido.
Cruz indicó que entre enero de 2024 y marzo de 2026 el ministerio envió varios pedidos de información a la Prefectura sobre los contratos, pero las respuestas habrían sido parciales o inexistentes. El funcionario sostuvo que el MIT recién tuvo conocimiento de la ampliación contractual en enero de este año.
A criterio del abogado, la forma en que se manejó la extensión “atenta contra las obligaciones del convenio de delegación y contra el principio de transparencia en la administración pública”, al haberse comunicado el mecanismo REEF meses después de la firma de los contratos modificatorios.
Ante esta situación, el ministerio analiza las consecuencias jurídicas del posible incumplimiento. Una de las alternativas sería dejar sin efecto el convenio de delegación que permitió a la Prefectura administrar las concesiones viales del Guayas.
Otra opción que se estudia es acudir a un tribunal contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la extensión de los contratos con Conorte y Concegua, en caso de que se determinen irregularidades o perjuicio para el Estado.
Para avanzar en el análisis, el MIT solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado con el fin de que requiera la documentación técnica y financiera necesaria para evaluar el proceso de ampliación.
Cruz explicó que, si se resolviera terminar el convenio de delegación, la administración de la red vial del Guayas regresaría al ministerio, que posteriormente definiría el modelo de gestión más adecuado, desde administración directa hasta nuevas concesiones o delegaciones al sector privado.
Por su parte, el viceprefecto Carlos Serrano defendió la decisión de la Prefectura al señalar que el REEF 7 incorpora inversiones adicionales, modernización tecnológica y mejoras en seguridad vial, además de recursos que permitirían ampliar ejes estratégicos en la provincia.
Actualmente, la provincia del Guayas cuenta con 581,74 kilómetros de vías concesionadas, de acuerdo con un estudio del MIT. De ese total, Conorte administra 333,64 kilómetros en el norte de la provincia, mientras que Concegua gestiona 248,10 kilómetros.
