La reciente habilitación de la Cárcel del Encuentro, ubicada en el sur de Santa Elena, marcó un punto de inflexión para el sistema penitenciario ecuatoriano. Durante los últimos días, el histórico penal de La Roca, conocido durante años como un centro de máxima seguridad, ha sido completamente desocupado mientras el Gobierno ejecuta un proceso de redistribución de internos y reestructura sus funciones.
Construida cerca del río Daule y en las inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional, La Roca nació como un complejo supuestamente blindado, equipado con tecnología diseñada para impedir fugas. Sin embargo, la realidad distó de las expectativas. El escape de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los líderes criminales más peligrosos del país, demostró las vulnerabilidades del penal y abrió el debate sobre su eficacia.
Pese a sus falencias, La Roca ofrecía un nivel de seguridad más elevado que otros centros penitenciarios del país. Por esta razón, durante el Gobierno de Daniel Noboa se mantuvo allí a figuras vinculadas con casos de corrupción y a cabecillas de organizaciones delictivas. Entre ellos estuvieron Carlos Angulo, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio; el exvicepresidente Jorge Glas; el exasambleísta Pablo Muentes; y líderes criminales como alias Fede y el Tunco.
No obstante, la prisión siguió acumulando episodios que evidenciaban su fragilidad. Angulo y Daniel Salcedo, procesado por casos de corrupción, fueron encontrados con objetos prohibidos dentro de sus celdas. En septiembre de 2024, la seguridad volvió a ser cuestionada cuando un dron aterrizó en el techo del penal, obligando a las autoridades a detonar el artefacto como medida preventiva.
Con la entrada en funcionamiento de la Cárcel del Encuentro, todos los internos de La Roca fueron trasladados. El Gobierno justificó el movimiento afirmando que el nuevo centro cuenta con estándares más altos y equipamiento moderno para albergar a los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad o relevancia judicial.
A pesar de la desocupación total, La Roca no será clausurada definitivamente. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el penal será sometido a un proceso de readecuación y pasará a operar como un centro de mediana seguridad.
“Va a quedar con un estatus de seguridad media, que es hasta donde debió haber llegado realmente. Fue mal catalogada como una cárcel de máxima seguridad. Lo que tiene son celdas independientes, que eso es lo único por lo cual la catalogaban de esa forma”, explicó Reimberg en una entrevista con este Diario.
El ministro detalló que se implementarán cambios estructurales para evitar fugas, especialmente reforzando paredes y espacios vulnerables utilizados anteriormente para excavar o abrir huecos.
“Esos son los cambios que vamos a hacer para que no tengan, los nuevos que van a ocupar esa cárcel, la posibilidad de hacerlo”, indicó.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca que La Roca siga operando, pero bajo un enfoque más realista respecto a su infraestructura y capacidades. La redefinición del penal forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar el sistema carcelario y enfrentar la crisis de seguridad que vive el país.
