La jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Daniella Camacho, declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía dentro de la instrucción fiscal del caso Liga2. La decisión fue anunciada la mañana del 18 de marzo, tras una lectura de resolución que se extendió cerca de una hora.
En su pronunciamiento, la magistrada rechazó y desechó los pedidos de nulidad presentados por cinco de los siete procesados por el presunto delito de asociación ilícita.
Jueza descarta vicios de nulidad
La diligencia se instaló el 16 de marzo para escuchar los argumentos de las defensas, que alegaron supuestos vicios de nulidad relacionados con competencia, procedibilidad, prejudicialidad y procedimiento.
La audiencia se desarrolló después de que Camacho negara dos pedidos de excusa planteados en su contra. La jueza sostuvo que no existían causales para apartarse del caso y defendió su independencia y objetividad.
Durante su resolución, Camacho afirmó que no se detectaron irregularidades que afecten la legalidad del proceso.
Indicó que no existen requisitos de procedibilidad o prejudicialidad que impidan el ejercicio de la acción penal y que se han respetado las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal.
Fiscalía podrá presentar su dictamen acusatorio
Con la decisión judicial, el fiscal general encargado Carlos Alarcón quedó habilitado para fundamentar el dictamen acusatorio dentro de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
En esta fase, el fiscal deberá presentar la teoría del caso y anunciar las pruebas testimoniales, periciales y documentales que utilizaría si la jueza decide llamar a juicio a los procesados.
Posteriormente intervendrá la defensa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que actúa como acusación particular, y luego las defensas de los acusados.
Los procesados en el caso
La causa investiga a los exintegrantes del Consejo de Participación Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; a la actual consejera Nicole Bonifaz; al excandidato presidencial Andrés Arauz; al exsuperintendente electo de Bancos Raúl González; y a la exasambleísta Esther Cuesta.
Según la investigación, los implicados habrían participado en una estrategia para influir en instituciones del Estado y favorecer al movimiento Revolución Ciudadana mediante el control de entidades como la Superintendencia de Bancos del Ecuador y el Consejo de la Judicatura del Ecuador.
Medidas cautelares vigentes
Cinco de los procesados cumplen la medida cautelar de presentación periódica ante la justicia.
En cambio, sobre Verduga y Cuesta pesa una orden de prisión preventiva por incumplir la medida inicial.
Verduga se encuentra actualmente en México con estatus de refugiado, mientras que Cuesta residiría en Italia.
