El Tribunal Constitucional de Italia avaló la legalidad de la reforma que restringe la concesión de la nacionalidad italiana por descendencia, al rechazar las impugnaciones de inconstitucionalidad presentadas por una corte de Turín.
La norma fue impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y aprobada en mayo de 2025 con el objetivo de reducir el alto número de solicitudes de ciudadanía provenientes del extranjero, especialmente desde países de Sudamérica.
Ciudadanía limitada a dos generaciones
La reforma establece que la ciudadanía italiana automática por descendencia se limitará solo a hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia.
Según el fallo del tribunal, los nacidos en el extranjero que poseen otra nacionalidad se consideran como si nunca hubieran adquirido la ciudadanía italiana, salvo que cumplan ciertos requisitos específicos.
Requisitos para solicitar la ciudadanía
Entre las condiciones fijadas por la ley destacan:
- Haber presentado la solicitud antes del 27 de marzo de 2025.
- Demostrar que un progenitor o abuelo posee exclusivamente la nacionalidad italiana.
- Comprobar que el padre o madre residió en Italia al menos dos años consecutivos después de obtener la ciudadanía y antes del nacimiento del solicitante.
El tribunal consideró infundadas e inadmisibles las objeciones legales presentadas contra la reforma.
Aumento de solicitudes desde Sudamérica
La medida responde al crecimiento de solicitudes de ciudadanía italiana desde países como Argentina y Brasil.
Datos oficiales indican que la población italiana residente en el exterior aumentó un 40 % en la última década, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones de personas.
Gobierno busca frenar “comercialización” de la ciudadanía
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha señalado anteriormente que la reforma busca frenar la comercialización de la ciudadanía italiana, fenómeno que ha generado una fuerte carga administrativa en los consulados.
Además, el tribunal respaldó la centralización de los trámites en una entidad dependiente del Ministerio de Exteriores, lo que implica que los consulados ya no gestionarán directamente estos procesos para reducir el colapso de expedientes pendientes.