El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, enfrenta una nueva intervención del Gobierno luego del asesinato de un funcionario vinculado a ese centro médico.
El presidente Daniel Noboa ordenó la medida mediante decreto ejecutivo. El objetivo es recuperar el control institucional y asegurar la continuidad del servicio de salud.
Desde el miércoles, policías y militares vigilan las instalaciones del hospital en Guayaquil. Durante la mañana de este jueves, militares realizaron controles de armas, municiones y explosivos en el área de emergencias y en el ingreso principal.
El comandante del Grupo de Tarea 100.51 Seguridad Marítima informó que diez militares permanecen dentro del hospital. El contingente coordina acciones de seguridad con la administración del sanatorio.
Ataque contra funcionario del hospital
La intervención ocurre tras el asesinato de Carlos Maruri, director de Servicios Generales del hospital. El ataque ocurrió el martes cuando salía de su vivienda en el sur de la ciudad para dirigirse a su trabajo.
El presidente Noboa señaló que el funcionario se habría negado a firmar contratos vinculados con presuntas mafias relacionadas con servicios de limpieza.
Según el mandatario, estas estructuras intentan infiltrarse en el sistema de salud mediante presiones y actos de violencia.
Antecedentes de violencia e intervenciones
El hospital ya enfrentó otros hechos violentos en años recientes. En marzo de 2023 asesinaron a la directora administrativa Nathaly López cuando salía del sanatorio.
Ese crimen motivó una primera intervención estatal y la designación de exoficiales de la Marina en puestos administrativos.
En febrero de 2024 se produjo otra intervención. La medida ocurrió tras la renuncia del gerente Franklin Encalada.
Días antes, desconocidos secuestraron al director administrativo Ronny Camba. Hasta ahora las autoridades no han confirmado su paradero.
Gobierno asumirá la administración
El decreto dispone que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador asuma temporalmente la administración del hospital.
El Gobierno deberá designar un interventor en un plazo máximo de cinco días.
Mientras tanto, militares y policías mantendrán controles de seguridad dentro y fuera del hospital. Las consultas externas y emergencias continúan atendiendo a los pacientes.