La dependencia de insumos médicos provenientes de Colombia para tratamientos de diálisis en Ecuador genera preocupación ante los problemas de seguridad registrados en la frontera norte. Se estima que cerca del 50 % de los materiales necesarios para estos procedimientos provienen del país vecino.
Las tensiones provocadas por la presencia de grupos armados irregulares y las dificultades en el transporte han comenzado a provocar retrasos en la llegada de insumos médicos. Esta situación genera incertidumbre en centros de salud y entre miles de pacientes que dependen de estos tratamientos.
Más de 20.000 pacientes dependen del tratamiento
En Ecuador, más de 20.000 personas requieren diálisis para poder sobrevivir. Muchos de ellos deben someterse al procedimiento una o dos veces por semana.
Para estos pacientes, la diálisis no puede ser postergada. La falta de filtros, soluciones y otros insumos médicos podría poner en riesgo su vida y agravar una crisis sanitaria que afecta a miles de familias.
Un problema que involucra derechos constitucionales
El problema va más allá de una dificultad logística o comercial. También implica el cumplimiento de derechos fundamentales establecidos en la Constitución ecuatoriana.
El artículo 32 de la Constitución señala que la salud es un derecho que el Estado debe garantizar mediante políticas económicas, sociales, culturales y sanitarias. Asimismo, el artículo 363 establece que el Estado es responsable de asegurar el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a servicios de salud.
Llamado a garantizar la continuidad del tratamiento
La situación plantea un desafío para las autoridades sanitarias. La salud de miles de pacientes no puede quedar expuesta a conflictos fronterizos ni a problemas en las cadenas de suministro.
Garantizar la continuidad de los tratamientos de diálisis se convierte así en una prioridad sanitaria y en una obligación del Estado frente a los pacientes que dependen de estos procedimientos para seguir con vida.