Entre septiembre y octubre de 2025, el Gobierno ecuatoriano intensificó sus controles para prevenir el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles, realizando más de 2.700 operativos en todo el país. Estas acciones fueron coordinadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el suministro seguro y legal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP).
Los operativos se desarrollaron en estaciones de servicio y depósitos de GLP en las 24 provincias del país, con el propósito de proteger a los consumidores, asegurando que reciban productos de calidad, en la cantidad correcta y a precios justos. “Estas medidas buscan resguardar los recursos energéticos del país y evitar que el contrabando afecte a las familias ecuatorianas”, señaló el Ministerio de Ambiente y Energía.
Gracias a estas intervenciones, se detectaron múltiples irregularidades y se aplicaron sanciones conforme a la normativa vigente. La ARCH mantiene una vigilancia constante en coordinación con autoridades locales y nacionales, mientras que la Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, ejecutó 66 operativos en ocho provincias estratégicas entre el 13 de septiembre y el 26 de octubre de 2025.
Los resultados de estos controles fueron significativos: se retuvieron más de 190.000 galones de diésel y gasolina, además de 182 tanques de GLP destinados al comercio ilegal o transporte irregular. Asimismo, se realizaron 48 detenciones y se aseguraron 45 vehículos involucrados en estas actividades ilícitas. Las provincias con mayor intervención fueron Sucumbíos, Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo y Pichincha.
Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno de proteger los recursos energéticos nacionales y garantizar que los combustibles lleguen de manera segura y legal a los ciudadanos. Además, buscan mantener la estabilidad en el abastecimiento y evitar aumentos injustificados de precios derivados del comercio ilegal. Según datos de la ARCH, la fiscalización constante permite identificar patrones de contrabando y coordinar acciones preventivas en tiempo real, fortaleciendo la seguridad energética del país.
El Gobierno reiteró que continuará con operativos regulares, combinando la labor de inspección técnica con inteligencia policial para frenar la comercialización clandestina de combustibles. Los consumidores pueden así confiar en que los productos que adquieren cumplen con los estándares de calidad y cantidad, evitando riesgos asociados a productos de procedencia ilícita.
Con estas medidas, Ecuador no solo asegura el cumplimiento de la ley, sino que también protege la economía familiar y la integridad del mercado energético, reafirmando el compromiso de que los recursos estratégicos sean utilizados de manera legal y transparente.
