Tras el ataque con explosivos en la Décima y la H, en el sector del Cristo del Consuelo, que provocó 5 muertos y 17 heridos, el Gobierno decidió emitir una nueva declaratoria de estado de excepción en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Samborondón y Daule.
En el decreto, el Gobierno justifica que es por grave conmoción interna y por el incremento de las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuya violencia y prácticas se han recrudecido con eventos como el atentado con explosivos suscitado en el sector del Cristo del Consuelo entre la noche del 13 de agosto y madrugada del 14.
Este es el tercer estado de excepción, los dos anteriores, emitidos en octubre del 2021 y en abril pasado, tenían similares características que el actual. En todos se mencionó que Fuerzas Armadas y Policía tenían que trabajar juntas para recuperar el orden público.
Los objetivos también eran los mismos: reducir los niveles de inseguridad y las muertes violentas.
La diferencia entre los tres radica en sus motivaciones. Hoy esta acción se da por el asesinato de cinco personas con explosivos de gran alcance en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste.
El Ministerio de Gobierno ha catalogado a este hecho como un acto de terrorismo. Incluso, se mencionó que fue una declaración de guerra al Estado.
La medida establece una serie de acciones para tratar de contener esta ola del crimen, pero también limitación de derechos durante los 30 días que dura el estado de excepción:
Reuniones en el espacio público.
Suspende en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación con los motivos del estado de excepción, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales.
La suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en limitar la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar a este estado de excepción.
La Fuerza Pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que atenten contra el orden público.
Inspecciones y requisas.
En el estado de excepción se contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la posibilidad de realización de inspecciones y requisas por la Fuerza Pública, tendientes al hallazgo de espacios de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización, armas y explosivos, a fin de desarticular las estructuras con las que operan grupos del crimen organizado en el espacio territorial.
Análisis y recopilación de mensajes.
Dentro del decreto del estado de excepción se incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia estará limitada a la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito relacionado con grupos de delincuencia organizada que operan en la ciudad, en particular relacionados con posibles atentados que pongan en riesgo la integridad y vida de los ciudadanos.
Requisiciones.
Se dispone que las requisiciones estén a cargo del comandante general de la Policía Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según sea el caso. Las requisiciones se harán en casos de necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás consideraciones sobre materia contenida en reglamentos respectivos. Toda requisición, sea de bienes o servicios, se ejecutará de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el Reglamento de Requisición de Bienes aplicable.
Otras explosiones en Guayaquil.
Pero en Guayaquil este atentado no es un hecho aislado. En mayo pasado, un auto estalló en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria del norte. Ese suceso alarmó a los vecinos de la ciudadela La Florida, quienes optaron hasta por cambiarse de domicilio por temor.
Un mes antes de ese hecho, otro carro con explosivos estalló frente a la cárcel Regional de Guayas. Varios negocios resultaron afectados por la onda expansiva y los fragmentos del automotor.
En entidades como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Juzgados también se han detectado explosivos a punto de ser detonados.
En los barrios también hay reportes de viviendas destruidas con explosivos de alto calibre.
De hecho, datos oficiales apuntan que este año en Guayaquil se han perpetrado 58 eventos de terrorismo. Unos son considerados menores y otros, graves. El de ayer fue uno de estos últimos, pues es el primero que deja víctimas mortales y más de 20 heridos.
