La reciente fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, desde la Penitenciaría del Litoral ha puesto al descubierto graves debilidades en el sistema penitenciario ecuatoriano. Según informes, Fede logró evadir la vigilancia camuflándose y vistiendo uniforme militar, lo que facilitó su escape de las instalaciones en las afueras de Guayaquil. Este incidente ha provocado un intenso debate sobre las fallas en los controles internos y la posible complicidad dentro del sistema carcelario.
Curiosamente, la fuga no fue confirmada inicialmente por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la entidad encargada de administrar los centros penitenciarios en Ecuador, sino que la confirmación vino directamente del presidente Daniel Noboa, a través de sus redes sociales. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y capacidad de respuesta de las instituciones responsables.
Expertos en seguridad y derecho penitenciario coinciden en que este escape evidencia la necesidad urgente de fortalecer tanto el sistema de vigilancia interna como el ámbito judicial, que muchas veces presenta falencias en la investigación y sanción de actos de corrupción y complicidad. Según la abogada especialista en derecho penitenciario, María Fernanda Ortega:
“Para evitar fugas como la de alias Fede, es indispensable implementar mecanismos más rigurosos de control, auditorías constantes y sanciones ejemplares para quienes faciliten estas evasiones.”
Los analistas también destacan que la corrupción y la falta de capacitación adecuada del personal penitenciario son factores que han permitido la infiltración de redes criminales dentro de las cárceles, lo que dificulta mantener el orden y la seguridad. De hecho, datos recientes revelan que el 30% de los incidentes violentos en prisiones ecuatorianas están vinculados a la complicidad de algunos funcionarios.
El fortalecimiento del sistema judicial aparece como otro pilar clave para combatir este problema. Esto incluye agilizar procesos judiciales, mejorar la transparencia en las investigaciones y garantizar que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales sin dilaciones.
El presidente Noboa ha reiterado su compromiso de luchar contra la corrupción y mejorar el sistema penitenciario:
“Este no es solo un caso de fuga; es un acto de traición. Estamos trabajando para que estas fallas no se repitan y que el sistema sea implacable con quienes incumplen su deber.”
En respuesta a esta crisis, el Gobierno ha anunciado medidas que incluyen auditorías exhaustivas en los centros penitenciarios, capacitaciones para el personal y la incorporación de tecnología avanzada para monitorear a los reclusos. Además, se plantea fortalecer la cooperación interinstitucional entre las fuerzas armadas, la policía y el SNAI.
Este caso no solo revela vulnerabilidades sino que también representa una oportunidad para reformar un sistema que durante años ha sufrido desafíos estructurales y que, ante la creciente violencia y control de grupos delictivos en las cárceles, necesita una transformación profunda y urgente.
