El presidente de la República, Daniel Noboa, explicó este viernes 31 de octubre que el Gobierno rastreó y bloqueó fondos de fundaciones y ONG vinculadas al movimiento indígena con el objetivo de prevenir que el paro convocado por la Conaie se saliera de control. La acción se amparó en la Ley de Transparencia Social y contó con la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En entrevista con Teleamazonas, Noboa destacó que esta medida buscó impedir que recursos económicos fueran utilizados para desestabilizar la administración pública. “Analizamos cómo se financiaron los paros anteriores y, gracias a la UAFE y a la Ley de Fundaciones, pudimos rastrear y congelar fondos que iban a ser destinados a desestabilizar al Gobierno”, aseguró el mandatario.
El presidente detalló que muchas de las transferencias financieras detectadas no coincidían con el uso declarado de los recursos. Esto generó alertas sobre posibles actividades ilícitas durante las movilizaciones. “La información mostraba que los fondos no se iban a usar para lo indicado, y aunque los bancos bloquearon algunas transferencias, todo se realizó siguiendo procedimientos legales. Esto permitió neutralizar posibles acciones que hubieran afectado gravemente a la ciudadanía”, señaló Noboa.
Además, el mandatario indicó que hay indicios de que algunos de estos recursos podrían haber sido destinados a financiar actos violentos durante el paro. “Todo está bajo investigación y, una vez que se cumplan los procedimientos legales, se decidirá si los fondos se levantan o se incautan”, explicó.
Por su parte, dirigentes de ONG y fundaciones afectadas han denunciado que el bloqueo de sus cuentas sigue vigente, lo que impacta directamente en sus operaciones. Estas organizaciones enfrentan dificultades para pagar salarios, servicios de proveedores, logística e insumos esenciales para sus proyectos sociales.
Noboa agregó que, aprovechando el feriado, el Gobierno trabaja para reactivar la economía en las provincias más afectadas por las paralizaciones. “Estamos ofreciendo asistencia económica en varias áreas para que la actividad productiva se recupere y la ciudadanía no pierda oportunidades de empleo ni servicios básicos”, concluyó.
El Gobierno reafirma que estas acciones no buscan perseguir a las organizaciones sociales, sino garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la ley durante periodos de movilización social.
