El partido Izquierda Democrática (ID) enfrenta una crisis interna significativa tras la reciente proclamación de Carlos Rabascall Salazar como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2025. Esta decisión ha llevado a cuatro directores provinciales a presentar recursos de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los impugnadores cuestionan las elecciones primarias realizadas el 16 de agosto de 2024, que también establecieron la lista de candidatos para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino.
Motivos de la Impugnación
Los presidentes provinciales que han presentado estos recursos alegan irregularidades en el proceso de selección de los precandidatos. Señalan, por ejemplo, que se habría modificado el estatuto interno del partido para permitir que Rabascall, quien no cumple con los requisitos tradicionales de militancia prolongada, sea candidato. Según las normas del partido, los candidatos deben tener una cierta cantidad de años de activismo en la ID, lo cual, según los críticos, no se habría cumplido en el caso de Rabascall.
La presidenta del ID, Analía Ledesma, ha rechazado estas acusaciones, describiéndolas como «blasfemias y calumnias». Ledesma explicó que, en lugar de una reforma, se realizó una «actualización» de la normativa que permite exenciones para el requisito de los dos años de militancia, siempre que el candidato se alinee con la ideología del partido. Ledesma defendió la legitimidad del proceso en una entrevista con Radio FM Mundo.
Recursos Legales en Curso
Entre los recursos presentados, Holver Giler Macías, presidente de la ID en Sucumbíos y miembro del Consejo Directivo Nacional, impugnó las primarias realizadas en Portoviejo. Su recurso está siendo revisado por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien ha solicitado información adicional para aclarar los argumentos presentados.
Jane Lemarie Caicedo, vocal del Consejo Ejecutivo y presidenta de la ID para América Latina, África y Oceanía, también ha impugnado las elecciones. Su caso está en manos de la jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma Peralta, quien ha solicitado aclaraciones adicionales antes de proceder con la admisión del recurso.
Cristian Molina Quintero, vocal del Consejo Ejecutivo en Cotopaxi, y Gabriel Bohórquez Morales, presidente de la ID en Galápagos, también han presentado impugnaciones similares. Sus recursos están siendo evaluados por el magistrado Viteri y el juez Guillermo Ortega Caicedo, respectivamente.
Procedimientos y Denuncias Adicionales
De acuerdo con el reglamento del TCE, los conflictos internos dentro de las organizaciones políticas deben ser resueltos en un plazo de 30 días, incluyendo una audiencia pública para presentar pruebas y alegatos.
Además, el conflicto ha llegado a la Fiscalía General del Estado, donde el parlamentario andino Paúl Desamblanc Cañadas ha denunciado a Analía Ledesma por presunto incumplimiento de decisiones judiciales. Desamblanc Cañadas sostiene que Ledesma desobedeció una sentencia del TCE de 2020, que estipulaba que cualquier reforma a los estatutos del partido debía realizarse al menos seis meses antes de las elecciones primarias.
