La audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Liga2 continuó este viernes 20 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón presentó la fundamentación del tercer evento investigado dentro del proceso por presunta asociación ilícita.
Durante su intervención, el fiscal sostuvo que la trama de corrupción analizada por la Fiscalía General del Estado habría tenido como objetivo influir en el sistema financiero nacional mediante el nombramiento de un superintendente de Bancos alineado con intereses políticos.
Fiscalía sostiene que se buscó incumplir una sentencia constitucional
Según la acusación, la estrategia habría implicado el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional para facilitar la designación de una autoridad afín en la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía afirma que esta acción habría sido posible gracias a la coordinación entre varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros actores vinculados a la denominada Liga Azul, grupo político cercano al correísmo.
Siete personas son investigadas por presunta asociación ilícita
El Ministerio Público acusa como presuntos autores del delito a los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz.
También figuran entre los procesados el excandidato presidencial Andrés Arauz, Raúl González y la exasambleísta Esther Cuesta.
La Fiscalía sostiene que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 los involucrados habrían planificado acciones para influir en varias instituciones del Estado, entre ellas la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Primer evento: estrategia para frenar sanciones electorales
Durante la audiencia, el fiscal explicó que el primer evento investigado se relaciona con una supuesta estrategia para evitar sanciones del Tribunal Contencioso Electoral contra integrantes de la denominada Liga Azul.
Según la Fiscalía, los procesados habrían buscado retrasar decisiones judiciales y mantenerse en funciones dentro del CPCCS mediante diversas acciones jurídicas, entre ellas recusaciones y recursos constitucionales.
Fiscalía señala coordinación política externa
El fiscal también afirmó que Andrés Arauz habría actuado como un actor político externo que coordinaba directrices con miembros del CPCCS mediante conversaciones en aplicaciones de mensajería.
Según la exposición, estas comunicaciones evidenciarían la planificación de acciones destinadas a influir en procesos institucionales y en decisiones administrativas del organismo.
Segundo evento apunta al control del sistema de justicia
En la exposición del segundo evento, la Fiscalía indicó que los procesados habrían intentado influir en el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura.
El fiscal aseguró que, según el análisis de las comunicaciones y documentos del expediente, existió una coordinación deliberada para retrasar ese proceso y favorecer a determinados postulantes.
Audiencia continuará con acusaciones y defensas
Tras concluir la intervención del fiscal general encargado, el proceso continuará con la participación de la acusación particular presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y posteriormente con los argumentos de defensa de los siete procesados.
La audiencia preparatoria de juicio forma parte de la fase judicial en la que se determinará si el caso Liga2 avanza a la etapa de juzgamiento.