Tres casos relacionados con el cambio de género en niños y adolescentes han sido analizados por la Corte Constitucional del Ecuador. Dos ya cuentan con sentencia y uno permanece en trámite.
El tema ha generado debate público y cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad, incluidos grupos conservadores y colectivos de personas transgénero.
A estas críticas se sumó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien cuestionó a los jueces del organismo durante una entrevista en Radio Centro.
El mandatario señaló que los magistrados deberían explicar públicamente sus decisiones. En particular, se refirió a la sentencia que permite a adolescentes cambiar la mención de género en su documento de identidad.
Rectificación de género en la cédula
El 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional emitió una sentencia que permite a adolescentes de entre 12 y 18 años solicitar la rectificación de la mención de género en su cédula.
La decisión se aprobó con cinco votos de los nueve jueces del tribunal. El fallo determinó que exigir la mayoría de edad para realizar ese trámite vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad.
El caso llegó al tribunal luego de que los padres de un adolescente solicitaran al Registro Civil del Ecuador cambiar el nombre y el género en su documento de identidad.
El 9 de enero de 2024, la entidad rechazó la solicitud al señalar que la ley establece que la cédula debe incluir el sexo masculino o femenino.
Tras la negativa, los padres presentaron una acción de protección. El caso fue elevado a la Corte Constitucional para resolver la consulta de norma.
La sentencia establece tres condiciones para realizar el trámite: que el adolescente esté acompañado por sus representantes legales, que exista un informe psicosocial de profesionales acreditados y que se determine que tiene la madurez suficiente para tomar una decisión libre e informada.
Caso de niña trans en Salinas
Otro caso fue resuelto el 28 de noviembre de 2024. La Corte Constitucional determinó que una unidad educativa de Salinas, en la provincia de Santa Elena, vulneró los derechos de una niña transgénero de 5 años.
La familia denunció que la institución obligó a la menor a usar uniforme masculino, se negó a utilizar su nombre femenino y le indicó que debía usar el baño de niños.
Los padres señalaron que estas acciones provocaron acoso y burlas por parte de otros estudiantes.
El caso comenzó en 2017 cuando la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó una acción de protección en representación de la familia.
Inicialmente, la justicia rechazó la demanda. Posteriormente, la Defensoría presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
El tribunal concluyó que la institución educativa y la Dirección Distrital del Ministerio de Educación del Ecuador vulneraron derechos como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la educación y el interés superior del niño.
Caso Amada sigue en trámite
Un tercer caso, conocido como caso Amada, aún se tramita en la Corte Constitucional.
La causa se originó en 2018 cuando los representantes de una niña de 9 años solicitaron al Registro Civil cambiar el nombre masculino registrado al nacer por uno femenino y modificar el sexo en la partida de nacimiento.
En primera instancia, un juez de la Unidad Judicial de Familia aceptó parcialmente la acción y ordenó realizar el cambio.
Sin embargo, la decisión fue revocada en segunda instancia por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Posteriormente, los representantes presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
En marzo de 2026, el tribunal notificó que el pleno conocerá el proyecto de sentencia presentado por el juez constitucional Richard Ortiz.