La imposición de aranceles del 50 % a las importaciones entre Ecuador y Colombia mantiene en alerta a empresarios y autoridades locales de la frontera norte, donde se advierte que cerca de 40.000 empleos podrían perderse si no se revocan las medidas. La situación fue analizada en un encuentro binacional convocado por la Cámara de Comercio de Ipiales.
En la reunión participaron el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el alcalde de Ipiales, Armando Rosero, junto a delegados ecuatorianos y representantes de los sectores productivos. Los asistentes coincidieron en que el conflicto comercial está paralizando la economía fronteriza desde hace más de un mes.
Transportistas, comerciantes y empresarios de ambos países pidieron a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro separar los temas de seguridad de los asuntos comerciales y priorizar una salida diplomática que evite mayores afectaciones económicas en la zona.
René Verdugo, gerente de una empresa de logística en Ipiales, advirtió que la crisis podría dejar sin trabajo a unas 40.000 personas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, así como en las provincias ecuatorianas de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. El impacto se concentra en el transporte de carga, el comercio internacional y el movimiento de divisas.
Productores ecuatorianos de banano, arroz y mariscos señalaron que los productos perecibles no están ingresando a Colombia, lo que genera pérdidas diarias y riesgo de que la mercancía se dañe. Desde la Gobernación de Nariño se sostuvo que la imposición arancelaria altera la dinámica económica regional y afecta también a Cauca, Valle del Cauca y Bogotá.
Como salida al conflicto, el gobernador Escobar propuso la conformación de una comisión binacional con participación de autoridades y empresarios para gestionar soluciones ante los gobiernos centrales. También se planteó la posibilidad de movilizaciones ciudadanas si la situación persiste, mientras los gremios insisten en que la única vía es el diálogo directo entre Quito y Bogotá.