La asambleísta Lucía Jaramillo, del movimiento Acción Democrática Nacional (AND), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por violencia política de género. Este acto, realizado la mañana del lunes 19 de agosto, busca sentar un precedente en la lucha contra el abuso hacia mujeres en política.
Jaramillo subrayó que su acción pretende decir «basta» a la violencia política de género y el abuso hacia las mujeres en el ámbito político. En su declaración, la legisladora destacó que hace aproximadamente un mes se formó el Frente Parlamentario para investigar el tráfico ilegal de combustibles, un proceso que incluye a la empresa del alcalde Alvarez y su familia. Esta investigación reveló que cuatro entidades, incluyendo Copedepesa, habrían vendido combustible de manera irregular a Fuelcorp S.A., que luego lo distribuyó a empresas con vehículos sin matrícula y a un trabajador con una flota inusualmente grande de vehículos.
En respuesta a la denuncia, el alcalde Alvarez ha atacado a Jaramillo en redes sociales, utilizando términos despectivos y cuestionando la transparencia de su administración y la de su gobierno. Alvarez acusó a Jaramillo y a su bancada de corrupción y deshonestidad, y sugirió que deberían fiscalizar a funcionarios de su propio gobierno en lugar de hacer acusaciones infundadas. Además, el alcalde cuestionó la legitimidad de las denuncias presentadas por Jaramillo, sugiriendo que estas son una distracción para encubrir otros problemas.
Durante la presentación de la denuncia en el TCE, Jaramillo, acompañada de sus colegas y equipo legal, afirmó que su objetivo es demostrar que el caso de violencia política de género que enfrenta es claro y fundamentado. Enfatizó que los comentarios del alcalde no solo atacan su trabajo legislativo, sino que también refuerzan estereotipos de género y perpetúan la desigualdad y discriminación contra las mujeres en política.
Jaramillo indicó que los comentarios del alcalde se alinean con el artículo 280 del Código de la Democracia, que sanciona severamente la violencia política. Ella espera que la resolución del TCE no solo castigue a los responsables, sino que también establezca un precedente para proteger a las mujeres en la política de ataques similares en el futuro.
La asambleísta recalcó que la sentencia en este caso debe ser ejemplar para evitar que otros políticos hagan comentarios denigrantes contra mujeres en el ámbito público. Su denuncia busca reafirmar la capacidad de las mujeres para ocupar cargos políticos y rechazar cualquier forma de violencia y discriminación de género en la política.
