El debate sobre el ordenamiento de las finanzas públicas en Ecuador suele centrarse en la reducción del gasto estatal. Sin embargo, especialistas advierten que la discusión de fondo debería enfocarse en la eficiencia de la gestión pública y en cuánto le cuesta al país mantener procesos ineficientes dentro de sectores estratégicos.
Reducir el tamaño del Estado mediante recortes de personal puede generar ahorros inmediatos en el presupuesto. No obstante, esta medida no siempre soluciona problemas estructurales. En algunos casos, las pérdidas operativas dentro de empresas o servicios públicos pueden superar ampliamente el dinero que se ahorra con la reducción de la nómina.
Un ejemplo de esta situación se observa en el sector eléctrico ecuatoriano. Con una demanda aproximada de 5.100 megavatios diarios, cerca del 40 % de la energía proviene de generación térmica durante los periodos de estiaje, cuando la producción hidroeléctrica disminuye.
Dentro de ese porcentaje, se estima que alrededor del 15 % se produce utilizando diésel, un combustible considerablemente más costoso que el fueloil. La diferencia de precios entre ambos puede superar los 0,12 dólares por kilovatio hora, lo que genera un sobrecosto cercano a 26 millones de dólares mensuales para el sistema eléctrico.
Esa cifra, según diversos análisis económicos, equivale aproximadamente al pago de más de 22.000 salarios mensuales de 1.200 dólares. Si esos recursos se optimizaran mediante decisiones técnicas más eficientes, podrían destinarse a fortalecer el empleo formal y mejorar indicadores laborales en el país.
Actualmente, el empleo adecuado en Ecuador bordea el 35 % de la población ocupada. La generación de 22.000 nuevos puestos formales podría aumentar ese indicador en cerca de 0,3 puntos porcentuales y reducir, en la misma proporción, la informalidad laboral.
Analistas coinciden en que el verdadero desafío no radica únicamente en reducir el tamaño del Estado, sino en mejorar la calidad de la gestión pública. Optimizar contratos, planificar mantenimientos, mejorar la operación de los sistemas productivos y tomar decisiones técnicas oportunas permitiría reducir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
